El Gobierno de Brasil, a través de la Secretaría de Comunicación Social, emitió un comunicado en el que afirma que “repudia” las declaraciones del senador Flávio Bolsonaro durante una audiencia promovida por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en la que el legislador defendió a “Brasil contra los aranceles y contra Lula” y acusó al Ejecutivo de no actuar para impedir medidas comerciales estadounidenses.

La posición oficial subraya que dichas afirmaciones contrastan con las acciones del Palacio del Planalto y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que han mantenido contactos con la administración del presidente Donald Trump y han criticado públicamente la imposición de aranceles contra Brasil. Según el comunicado, el Gobierno ha desarrollado gestiones diplomáticas continuas desde julio de 2025 mediante reuniones, cartas y contactos de alto nivel para revertir las medidas.

Contradicciones y contexto político

El texto oficial señala que el discurso de Flávio Bolsonaro tuvo un objetivo electoral y omitió aspectos relevantes de su actuación política, incluyendo su vinculación al denominado caso Master. Asimismo, cuestiona que el senador haya sostenido, en un video posterior a la audiencia, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sería el único interesado en la imposición de aranceles, “pensando que esto podría reportarle algún beneficio electoral”.

Esta afirmación, según el Ejecutivo, contradice la propia postura previa del legislador, quien había solicitado días antes que los aranceles se pospusieran hasta después de las elecciones. El comunicado interpreta esta inconsistencia como un intento de capitalización política en medio de la crisis comercial.

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El senador también criticó la ausencia de representantes del Gobierno brasileño en la audiencia de la USTR y aseguró haber realizado una defensa “técnica, pero también política” de los intereses nacionales. No obstante, el Ejecutivo sostiene que las negociaciones comerciales se desarrollan por canales institucionales, principalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y las carteras responsables de comercio exterior.

Negociaciones y respuesta diplomática

El Gobierno afirma que, mientras Flávio Bolsonaro participaba en la audiencia, funcionarios brasileños se reunían con técnicos de la USTR para intentar revertir el aumento arancelario. En este sentido, recalca que la estrategia oficial ha sido diplomática y técnica, en contraste con lo que describe como una politización de las relaciones bilaterales por parte del senador.

El comunicado también destaca que, entre 34 brasileños registrados en el proceso, “solo Flávio Bolsonaro no se opuso a las medidas contra Brasil”, optando en cambio por sugerir su aplazamiento. Para el Ejecutivo, esta postura contribuye a legitimar decisiones consideradas perjudiciales para la economía nacional.

Además, el texto sostiene que “recurrir a una potencia extranjera para presionar al propio país constituye traición a la nación”, estableciendo una distinción entre la oposición política interna y acciones que puedan afectar la posición internacional del país.

Rol de la familia Bolsonaro en la crisis

Fuentes cercanas al presidente Lula indican que la estrategia de la familia Bolsonaro ha contribuido a reforzar narrativas dentro de la administración Trump, que presentan a Brasil como un riesgo para la seguridad y los intereses estratégicos estadounidenses. Esto, según el Ejecutivo, habría generado un entorno favorable para la adopción de medidas comerciales más severas.

La evaluación del Gobierno es que la crisis diplomática y comercial se agravó por acciones internacionales de la extrema derecha brasileña, incluyendo iniciativas impulsadas por aliados del expresidente Jair Bolsonaro en EE.UU. Entre estas acciones se mencionan gestiones relacionadas con los aranceles y solicitudes para clasificar a las organizaciones criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho como entidades terroristas.

El Palacio del Planalto también considera que el diputado Eduardo Bolsonaro y otros miembros de la familia buscaron internacionalizar la disputa política interna, intentando obtener apoyo de actores estadounidenses para presionar al Gobierno federal.

Cuestionamientos sobre investigaciones y economía

El comunicado incluye críticas adicionales al senador por “legitimar los resultados de una investigación injusta contra empresarios y trabajadores”, en lugar de refutar lo que el Ejecutivo califica como acusaciones infundadas del Gobierno estadounidense. Asimismo, el texto señala que, al mencionar el caso Master —descrito como “el mayor esquema de corrupción en la historia del país”—, Flávio Bolsonaro omitió su origen vinculado a la administración de Jair Bolsonaro. También menciona supuestos vínculos con el empresario Daniel Vorcaro, a quien el senador habría solicitado más de 130 millones de reales.

En relación con políticas públicas, el Gobierno afirma que las deducciones ilegales que afectaron a jubilados del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) comenzaron durante el anterior Gobierno y fueron desmanteladas en la actual gestión, con la recuperación de 3.200 millones de reales para 4.2 millones de beneficiarios.

El comunicado añade que el senador propone subordinar el sistema de pagos PIX a intereses estadounidenses, lo que el Ejecutivo interpreta como una medida contraria a la soberanía económica nacional.

Evaluación del Ejecutivo y cierre

Dentro del Gobierno brasileño se considera que la estrategia de Flávio Bolsonaro busca desvincular a su familia de la crisis comercial y transferir la responsabilidad al Ejecutivo, mientras que, en la práctica, sus acciones debilitarían la posición negociadora del país.

El texto concluye enfatizando que existe una diferencia entre oponerse al Gobierno y actuar en contra del país, afirmando que las iniciativas del senador contribuyen a fortalecer presiones externas sobre Brasil en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos.

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