La muerte de un ciudadano mexicano a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos generó este miércoles un enérgico rechazo entre representantes comunitarios, activistas de derechos humanos y figuras políticas del estado de Texas.

El suceso se registró este martes durante un operativo migratorio en el que fue abatido Lorenzo Salgado Araujo. 

Ante el hecho, la congresista demócrata Sylvia García, cuyo distrito abarca la zona del incidente, exigió de inmediato que se preserve y revise de manera transparente e imparcial todo el material audiovisual disponible para verificar las circunstancias reales del deceso.

​De acuerdo con la versión preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que supervisa a ICE, la víctima ignoró las órdenes de detención emitidas por las autoridades federales e intentó embestir a un agente con su automóvil, en una narrativa bastante similar a la utilizada para justificar el asesinato de la estadounidense Renee Good. 

El reporte oficial sostiene que el funcionario actuó en defensa propia cuando el vehículo del ciudadano mexicano impactó contra la patrulla de la agencia.

​Salgado Araujo falleció poco después de ingresar al hospital al que fue trasladado de emergencia. Con este caso, suman al menos seis las personas abatidas en el país desde que inició la ofensiva de deportaciones masivas impulsada por el gobierno de Donald Trump.

​Desconfianza comunitaria y exigencia de transparencia

​Pese a que las autoridades federales indicaron que el hombre era un objetivo priorizado del operativo debido a que carecía de un permiso legal para permanecer en el territorio estadounidense, el BuróFederal de Investigaciones (FBI) anunció la apertura de una indagación formal sobre el incidente. Por su parte, el DHS confirmó que su equipo de respuesta a evidencias procesó la escena del tiroteo a solicitud de la propia agencia.

​Sin embargo, las explicaciones oficiales no han calmado los reclamos de la comunidad hispana. El director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Juan Proaño, fue tajante al fijar posición y asegurar que la organización “no acepta la palabra del DHS en absoluto”. 

Proaño reclamó que la investigación independiente quede a cargo exclusivo de las autoridades policiales locales y demandó la publicación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales y de seguridad.

​Houston en el epicentro de las deportaciones

​Este trágico suceso se produce en medio de un clima de creciente tensión social y política derivado de la agresiva política de expulsión de indocumentados dirigida desde Washington. 

La ciudad de Houston se ha consolidado como uno de los epicentros de estas redadas federales, lo que a su vez ha desatado fuertes roces políticos y jurisdiccionales entre el gobierno municipal y las autoridades del estado de Texas.

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​Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes recordaron que, en incidentes previos documentados este mismo año, las versiones iniciales de las agencias federales sobre supuestos intentos de atropello contra sus agentes terminaron siendo contradichas posteriormente por pruebas de video. 

Este historial de discrepancias, denunciaron, profundiza la desconfianza de las comunidades latinas hacia los cuerpos de seguridad fronteriza.

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