En el marco de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la representación de Brasil expuso las severas afectaciones que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba genera en la población civil. La delegación suramericana basó su intervención en informes oficiales que detallan el deterioro de las condiciones de vida en la isla, enfatizando que la situación actual, documentada por organismos multilaterales, no puede reducirse a un simple intercambio de acusaciones políticas.

Como prueba fundamental, Brasil citó los reportes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, correspondientes a junio de 2026. El organismo internacional informó sobre apagones diarios que con frecuencia superaban las 20 horas, lo que compromete la operatividad del país.

De igual manera, se alertó que la suspensión de servicios por parte de compañías navieras ha impactado directamente los cargamentos de alimentos destinados a la asistencia humanitaria, los cuales sumaban más de 2.900 toneladas.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió textualmente: «Los niños están muriendo porque los médicos no tienen acceso a insumos médicos y medicamentos esenciales», motivo por el cual solicitó el levantamiento inmediato de las sanciones.

Las constataciones de la ONU sobre las afectaciones a los servicios hospitalarios, la distribución de alimentos y el acceso al agua demuestran el costo humano de la política estadounidense.

Asimismo, las evaluaciones de las Naciones Unidas revelan que existen restricciones impresas por empresas privadas que van más allá de las exigencias legales. Este fenómeno retrasa las adquisiciones y altera las cadenas de suministro humanitario, evidenciando que, en la práctica, una autorización para entregar asistencia no equivale a que dicha ayuda llegue a la población necesitada debido a las trabas burocráticas que imponen los marcos regulatorios extranjeros.

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En el ámbito jurídico y diplomático, la resolución presentada ante el organismo multilateral aborda los efectos extraterritoriales de la legislación nacional sobre la soberanía de terceros Estados. Brasil argumentó que estas medidas vulneran los intereses legítimos de ciudadanos y empresas, contraviniendo los principios de igualdad soberana, no intervención y libertad de comercio y navegación. En concordancia con su postura histórica, Brasil rechazó públicamente la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo elaborada por EE.UU.

La representación brasileña confirmó que votará a favor de esta resolución, manteniendo el objetivo diplomático de poner fin al embargo para lograr que prevalezcan relaciones internacionales basadas en el diálogo y el estricto respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

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