Perú archiva investigación por esterilizaciones forzadas del fujimorismo
La Ley 32107, aprobada en 2024, impuso límites de prescripción al caso de esterilizaciones forzadas y benefició al senador Alejandro Aguinaga junto a otros 51 investigados.
El expediente cierra bajo una norma que el propio Poder Judicial había cuestionado y la pugna por su alcance sigue sin resolverse. Foto: EFE.
27 de octubre de 2026 Hora: 15:17
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La Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos dispuso la prescripción y el cierre del expediente mediante la Disposición Fiscal N.º 25, fechada el 22 de octubre, este documento supera las seis mil páginas.
El Ministerio Público reconoció indicios de crímenes de lesa humanidad y afectaciones a más de 4.000 víctimas de esterilizaciones forzadas. Pese a ese reconocimiento, la acción penal quedó extinguida para 52 personas.
La norma se aprobó en 2024 con el impulso de sectores fujimoristas, impone límites temporales estrictos a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad reconocidos por los tratados internacionales. Su aplicación detuvo de golpe la persecución penal y favoreció a altos funcionarios que ocuparon carteras ministeriales durante la década de 1990.
Entre ellos figura Alejandro Aguinaga Recuenco quien fue ministro de Salud durante el gobierno de Alberto Fujimori y hoy ocupa un escaño en el Senado por Fuerza Popular, la resolución que lo favorece no oculta la gravedad de lo ocurrido. La fiscalía admitió que las intervenciones quirúrgicas masivas se practicaron sin que las afectadas prestaran un consentimiento libre, previo e informado.
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También quedaron fuera del proceso los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Según el documento, las operaciones formaron una práctica extendida y organizada que el Estado dirigió contra mujeres pobres de las zonas rurales.
La investigación comprendía oficialmente a 4.172 personas agraviadas por lesiones graves, donde cinco mujeres perdieron la vida. Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano figuran en el expediente.
Entre 1996 y 2000, más de 272.000 mujeres y 22.000 hombres fueron sometidos a programas de planificación familiar. Las presiones, los engaños y las cuotas que el Estado exigía y reportaba a la Presidencia marcaron esas campañas y las esterilizaciones forzadas se convirtieron en política de salud reproductiva.
El caso figura entre los más emblemáticos por violaciones a los derechos humanos durante la década de 1990. Su archivo cierra una vía judicial abierta desde que se conocieron las denuncias contra el programa estatal de control reproductivo.
En diciembre de 2025, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema optó por inaplicar la Ley 32107 en procesos paralelos para garantizar la continuidad de las investigaciones. Aquella decisión motivó indagaciones disciplinarias de la Junta Nacional de Justicia contra los magistrados.
Casi tres décadas después de las primeras denuncias, la vía penal queda extinguida. El archivo deja sin responsable penal a los funcionarios que diseñaron y ejecutaron las esterilizaciones forzadas, el expediente cierra bajo una norma que el propio Poder Judicial había cuestionado y la pugna por su alcance sigue sin resolverse.
Autor: teleSUR: er - RR
Fuente: Agencias
