El Gobierno de Bolivia confirmó este lunes 9 de noviembre de 2026 que otorgará el salvoconducto correspondiente a la abogada Nadia Beller, permitiendo su salida del territorio nacional rumbo a México tras ser acreedora del asilo político concedido por la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, detalló que la solicitud de protección diplomática se produjo luego de que la jurista denunciara amenazas de muerte e intentos de agresión física contra su integridad personal.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de teleSUR (@telesurtv)

El Ministerio de Relaciones Exteriores procesó la solicitud formal cursada por la embajada mexicana conforme al apego histórico de la nación a la Convención de Viena y al Pacto de San José de Costa Rica.

No obstante, las autoridades precisaron que la concesión de la salida diplomática no suspende las indagatorias policiales sobre las redes de influencia del procesado argentino Fernando Cerimedo, expareja de Beller y actualmente bajo prisión preventiva acusado por la tentativa de feminicidio contra la profesional del derecho, aunque este proceso tuvo un bajón sustancial en el foco de interés tras la causa interpuesta contra el fiscal general que manejaba la investigación.

Vínculos políticos y persecución contra denunciantes

Nadia Beller sufrió un atentado con armas de fuego el pasado 17 de agosto de 2026 en un hotel de la ciudad de Santa Cruz, ataque ejecutado bajo la presunta orden intelectual de Cerimedo para silenciar información clave sobre nexos operativos entre operadores mediáticos y figuras del panorama político regional, incluyendo al mandatario boliviano Rodrigo Paz y al presidente argentino Javier Milei.

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, conformó una comisión especial para auditar las pruebas presentadas y determinar el alcance de las estructuras de presión que operaron en el ataque.

LEA TAMBIÉN:

Nadia Beller denuncia hostigamiento policial contra equipo de prensa en Bolivia

El otorgamiento del salvoconducto consolida la tradición de asilo frente al amedrentamiento y la violencia contra quienes exponen las redes de injerencia ultraderechista en el Cono Sur. La salida de Beller a suelo mexicano garantiza su resguardo personal mientras la Fiscalía boliviana evalúa las responsabilidades penales del entorno corporativo implicado en el atentado en 2026.

A finales de octubre, la testigo protegida Nadia Beller denunció la ejecución de un operativo de amedrentamiento y abuso de autoridad perpetrado por efectivos de la Policía Boliviana en perjuicio de un equipo de prensa internacional.

De acuerdo con la denuncia pública, las fuerzas de seguridad acordonaron las inmediaciones de una vivienda privada para bloquear la cobertura mediática, confiscar temporalmente la libre circulación de los profesionales de la comunicación y exigir documentación personal mediante procedimientos al margen de la ley en 2026.

Beller afirmó que la movilización policial atiende a órdenes directas del aparato gubernamental con el objetivo de censurar el trabajo periodístico e impedir la fiscalización pública del proceso judicial que involucra al operador mediático Fernando Cerimedo.

Durante el procedimiento irregular, los uniformados procedieron a fotografiar sin autorización judicial los carnés de prensa e identificaciones de los corresponsales extranjeros, consolidando una maniobra de intimidación estatal contra el ejercicio de la libertad de información en el territorio nacional.

Intimidación estatal y cercenamiento de la libertad de cobertura

El despliegue arbitrario de la fuerza pública contra la prensa internacional evidencia el incremento de los mecanismos de coerción destinados a encubrir el entramado de influencias políticas objeto de investigación penal. El registro ilegal de datos personales de los comunicadores por parte de los cuerpos de seguridad constituye una violación directa a las garantías constitucionales de protección a la labor informativa.

La denuncia formulada por la jurista ratifica el patrón de vulneración de derechos fundamentales en el país andino, exponiendo el uso del aparato policial como herramienta de presión política para silenciar a los testigos clave y frenar el avance de las indagatorias que salpican a las élites gubernamentales asociadas al entorno cercano del presidente Rodrigo Paz.

EN ESTA NOTA: