La denunciante y testigo protegido Nadia Beller denunció un severo operativo de hostigamiento y abuso de poder perpetrado por agentes de la Policía Boliviana contra un equipo de periodistas extranjeros en labores informativas. Según el testimonio, los efectivos policiales se presentaron en el domicilio para bloquear el acceso, retener contra su voluntad a los comunicadores y exigir la presentación de documentos de identidad sin mediar orden judicial.

Beller sostuvo que la intervención de las fuerzas del orden responde a una directriz directa del poder político para coartar la libertad de expresión y obstaculizar la investigación periodística sobre el denominado caso Cerimedo. Según su relato, los agentes fotografiaron ilegalmente las credenciales y documentos personales de los profesionales de la prensa internacional durante el despliegue de las patrullas en el lugar.

La abogada boliviana, expareja del consultor argentino de la ultraderecha Fernando Cerimedo, señaló que el proceso judicial principal enfrenta retrasos sistemáticos y bloqueos institucionales destinados a favorecer al investigado, a quien vincula estrechamente con sectores gubernamentales. Criticó la actuación de la Fiscalía y la falta de avances en las medidas cautelares relacionadas con las denuncias por violencia y tentativa de feminicidio presentadas contra Cerimedo.

Ante la gravedad de los hechos, el equipo legal de Beller y representantes de organismos internacionales mantienen contacto directo con las autoridades nacionales para exigir el cese de las intimidaciones. Beller recalcó que los ciudadanos extranjeros ingresaron al territorio boliviano de manera regular y cuentan con plenas garantías constitucionales para ejercer el periodismo sin censura previa.

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La denunciante enfatizó que la actuación policial careció de sustento legal al tipificar de manera irregular la presencia de comunicadores extranjeros como una conducta punible. Las patrullas desplegadas en la zona mantuvieron la vigilancia mientras los afectados completaban las entrevistas programadas sobre la situación política y judicial del país.

Organizaciones defensoras de derechos humanos evalúan los antecedentes del incidente para determinar las acciones legales correspondientes frente a la presunta violación de libertades fundamentales. La denunciante reiteró que continuará ofreciendo declaraciones a medios nacionales e internacionales a pesar de las presiones y el riesgo constante para su seguridad personal.

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