La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, confirmó este jueves que el Gobierno presentó una apelación a las decisiones judiciales que permitieron prisión domiciliaria para Luis Fernando Camacho y la libertad para Marco Pumari.

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“El Estado lo que hizo es accionar conforme a lo establecido en la ley, a través de apelaciones, considerando fundamentos de la apelación. Nosotros, respetuosos de las disposiciones judiciales, esperamos los resultados de esa apelación y, en su caso de corresponder, realizaremos o analizaremos cuáles acciones debemos seguir”, destacó la ministra.

Por su parte, la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, aseveró que en Bolivia no existen presos políticos, al tiempo de aseverar que en los casos judiciales se garantizaron los derechos al debido proceso y a la defensa.

En este sentido, alegó que en relación con los procesos abiertos tras la crisis política de 2019 (Golpe de Estado), Saravia sostuvo que las decisiones judiciales fueron tomadas “de acuerdo a procedimientos legales” y no responden a motivaciones políticas.

De igual manera, la titular declaró que “hay que dejar claro que la competencia privativa de establecer una medida cautelar es del órgano judicial”, alegando que “en su momento entenderíamos que quienes estaban a cargo de este proceso habrán determinado riesgos procesales que permitieron establecer una detención preventiva”.

Entre tanto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales precisó que “la misma justicia que nos persigue y mantiene privados de libertad a mis hermanos y hermanas, la misma justicia que socapa la corrupción de Luis Arce, la misma justicia que proscribió a las grandes mayorías, hoy libera a los responsables del Golpe de Estado que derivó en la masacre de Sacaba y Senkata”.

Al precisar que “es condenable el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo, el político manifestó su solidaridad inquebrantable con las familias de las víctimas, con los heridos y con el pueblo movilizado “que, pese a la persecución y la impunidad, mantiene viva la lucha por verdad, justicia y dignidad”.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló el pasado 25 de agosto un proceso ordinario y pidió iniciar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, acusada del golpe de Estado en el país, y por los asesinatos en la masacre de Senkata.

Mientras la Justicia, específicamente el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Bolivia, emitió el pasado 26 de agosto una resolución unánime que concede la libertad de Marco Antonio Pumari y la detención domiciliaria con salida laboral al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco del caso Golpe I.

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