El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este miércoles en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a reglamentar la aplicación de los estados de excepción. El Ejecutivo prepara así el terreno para desplegar a las Fuerzas Armadas contra los sectores movilizados que desde hace 34 días realizan protestas y bloqueos de carretera exigiendo la renuncia del mandatario y contra las políticas neoliberales y la entrega de recursos del país sudamericano.

«La ley de estado de excepción fue enviada al Parlamento», afirmó Paz en un discurso con motivo de la posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en la ciudad de La Paz. La medida ingresa una semana después del retiro de las restricciones legales que limitaban el uso de las FF.AA. en manifestaciones públicas —impuestas tras las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron 21 personas asesinadas y 180 heridos—, mediante la promulgación de la Ley 1732.

El presidente presentó la iniciativa bajo el argumento de una «acción humanitaria» para resguardar el traslado de alimentos, hidrocarburos, insumos médicos y pacientes en La Paz y El Alto. Sin embargo, la normativa habilitará al Ejército y a la Policía a reprimir y dispersar los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.

Este ajuste legal coincide con la renuncia de Marcelo Salinas y el inmediato nombramiento de Ernesto Justiniano al frente del Ministerio de Defensa. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, ratificó que el nuevo instrumento legal proveerá cobertura institucional a las actuaciones combinadas de la Policía Boliviana y el contingente militar en las carreteras nacionales.

Directrices de Estados Unidos

No obstante, el expresidente Evo Morales Ayma denunció que la promoción de Justiniano responde de manera directa a directrices de Estados Unidos: «No es casualidad que hace unos días convocaran al viceministro Justiniano a Estados Unidos y hoy lo asciendan a ministro de Defensa. Buscan garantizar, con sangre y luto, la continuidad de un Gobierno alejado de las grandes mayorías«.

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El líder boliviano aseveró que Ejecutivo entrega la autodeterminación del país a intereses geopolíticos extranjeros: «El Gobierno de Rodrigo Paz decidió estado de sitio, la línea de Estados Unidos, que no está interesado en la estabilidad ni en el desarrollo de Bolivia, lo que le interesa es nuestro litio, nuestras tierras raras y nuestros recursos naturales«.

«Hoy se confirma que la lucha es del pueblo contra el imperio, de la patria contra la dominación y de la soberanía contra el saqueo de nuestros recursos», enfatizó Evo Morales en un mensaje en redes sociales.

34 días de estallido social

Las protestas sociales, coordinadas por la Central Obrera Boliviana (COB), juntas vecinales y organizaciones campesinas, cumplen este miércoles 34 días consecutivos en rechazo al modelo económico de privatización y exclusión impulsado por el Poder Ejecutivo.

Durante la jornada, la Federación de Campesinos anunció que a partir del próximo lunes iniciará nuevas movilizaciones y bloqueos de ruta en coordinación con organizaciones nacionales. El dirigente Tomás Velázquez apuntó al malestar que existe en las bases campesinas por la crisis económica y social que atraviesa el país y responsabilizó al Gobierno por no antender sus demandas: “Ya no va a haber diálogo, solamente es el pedido de renuncia. Hemos esperado mucho tiempo y no hay soluciones para la población”, manifestó.

Velázquez sostuvo que Rodrigo Paz carece de gobernabilidad y cuestionó la capacidad del Ejecutivo de impulsar modificaciones legislativas y constitucionales que beneficien al pueblo boliviano.

La aprobación parlamentaria de esta ley legalizaría el uso de la fuerza militar como la principal respuesta estatal ante reclamos de carácter estrictamente socioeconómico, comprometiendo la vigencia de los derechos humanos y la estabilidad institucional del Estado Plurinacional.

Ante ello, las organizaciones bolivianas ratifican la defensa inquebrantable de la soberanía popular frente a las intenciones de reinstaurar un modelo neocolonial que subordine el patrimonio público al control transnacional.

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