Hay veces en que la discusión sobre ciertas cosas parece un debate sobre el sexo de los ángeles; en casos del Derecho, hay momentos para definiciones esenciales donde la forma es fondo: de igual manera no es lo mismo un acuerdo que un tratado, no tienen el mismo alcance -considerándose en particular una Constitución- una asamblea que una convención. 

Resulta indiscutible que una Asamblea Constituyente en la que sus integrantes sean electos con independencia de los poderes constituidos y los partidos es lo ideal para redactar una nueva Constitución. Desde la óptica del Derecho esta sería una legítima representación de la voluntad de los habitantes de un territorio, por conformarse de manera libre y soberana. Si así ocurre desde el punto de vista teórico, en la práctica los convocantes -en general integrantes de cuerpos deliberativos y ejecutivos del Estado- procuran influir en el organigrama de funcionamiento de la Asamblea y en la redacción del nuevo contrato social, adjetivos con que suele caracterizarse a las cartas magnas.  

Algunas consideraciones parecen lógicas, en cuanto a extensión de la actividad, sometimiento final a la voluntad popular, etcétera. Otras, a partir de cómo se tramite la integración y la propia deliberación de la labor a realizar, entrañan límites políticos que llevan a asignarle un papel más reformador y de Convención (de acuerdo con los límites o fronteras que se establezcan), lo que sólo es dirimible mediante las pulseadas vertebradas por la voluntad constituyente mayoritaria (la que algunos denominan peyorativamente “populismo”) y el peso de la autoridad.  

Si la primera se impone, en la práctica, quien decidirá será la ciudadanía convocada para convalidar o desechar la redacción que se le expone. Por último, siempre habrá que observar qué interpretación y cuál el modo que legalmente las autoridades actúan de acuerdo con la Constitución que las rige. En principio, por ejemplo, en el caso reciente de Chile es motivo de debate la denuncia o continuidad de los TLC firmados: discutir sobre ellos o dejarlos como están será, por ejemplo, parte del debate. Como ocurrirá con el caso de los minerales en su territorio: pertenecen a la nación, al Estado, a los trabajadores o se pueden concesionar a privados, nacionales, extranjeros o de capitales mixtos, además de que sería adecuado -en ese caso- disponer en qué tribunales se dirimirían las diferencias. 

Para el mandatario trasandino y la derecha por él representada, el último ejercicio comicial del 15/16 de mayo significó un nuevo revés político para el Gobierno neoliberal, donde cierta popularidad que llegó a tener se hundió en la pobreza y el desempleo, agravados por la pandemia, además de sus intentos por obstaculizar a los asalariados para retirar sus fondos de pensiones privados para ir arrostrando la crisis. 

Entre las grandes preguntas que deja la elección es si se trata de una respuesta política que cambiará la Constitución y si será capaz de resolver la tensión social que sigue en el país. El proceso de Gobierno actual pienso que no está dispuesto a variar sustancialmente la administración neoliberal del país. 

Para llegar hasta aquí el pueblo organizó crecientes marchas a partir de octubre de 2019 y demoró un año en que el poder político sintiera que no podía negarse por más tiempo. Piñera -que alguna vez con sus millones e inversiones se creyó un poco el rey Sol y el dicho que le atribuyen al francés de l’Etat c’est moi, tras afirmar que Chile era un oasis de felicidad en 2019, ante la insurgencia callejera invocó una norma de excepción (la Ley de Seguridad del Estado); cerrando vías del metro y estaciones, ordenando a la policía y grupos de choque militarizados de ésta (Carabineros) reprimir manifestantes (se cuentan por cientos los heridos y los apresados); ardió una garita policial y un edificio de teléfonos; y en aquel país que evocaba palmeras y reposo impuso el toque de queda en diez ciudades. 

Luego se presentó flanqueado por el ministro de Defensa y un militar en ropa de fajina para decir: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. (Me acordé de Bordaberry en 1982 y el Estado de Guerra Interno.) 

La represión, con muertes de manifestantes y jóvenes manoseadas y violadas por uniformados, llegó hasta que el 15 de noviembre del año siguiente -con base en partidos de derecha y el apoyo de democristianos, socialistas y gran parte del Frente Amplio- aprueban el llamado a redactar una nueva Constitución, uno de los postulados de las movilizaciones. La derecha había sabido leer el significado de una manifestación de 2 millones de personas. Para Manuel Cabieses -veterano periodista- un sector de la izquierda en ese acto “capituló en forma deshonrosa ante la derecha que los intimidó con la amenaza del derrumbe del Estado de derecho y un eventual golpe militar”. 

Como haya sido, la movilización iniciada hace año y medio, siempre sostenida, hostigada y reprimida obligó al Gobierno y a la partidocracia a ceder y, según un grupo de académicos, en lo central la Constituyente girará sobre el papel que se le asigne al Estado, afirmando que se necesita uno que sea protagónico en cuestiones sociales y que garantice salud y educación, estableciendo igualdad de hombres y mujeres como principio transversal a las distintas políticas del Estado, además de un cambio regulatorio para migrantes que en los últimos tres años sumaron 1,5 millones. 

Cuando se instale la Constituyente, habrá sólo un 22 por ciento de la derecha unida (necesitaba un 33 por ciento para imponer sin otro apoyo su veto a un artículo), unos 25 del Frente Amplio, 28 comunistas y 48 independientes, además de 17 asientos reservados a las etnias indígenas. La oligarquía sueña con una revancha triunfal en las presidenciales de noviembre/diciembre de su factible candidato, Joaquín Lavín, contrapuesto al posible Daniel Jadue, ambos alcaldes de sendas comunas de Santiago.