Autoridades bolivianas informaron que al menos 42 funcionarios y exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fueron identificados como los posibles responsables de la importación y distribución del denominado caso «gasolina basura».

La Comisión Especial de Investigación creada por una resolución de la Cámara de Diputados determinó que 22 de los posibles responsables cumplían y cumplen funciones en YPFB y otros 20 están relacionados con la ANH, según la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ximena Arispe.

El caso de compra a sobreprecio y distribución de combustible sin calidad ha generado amplio malestar entre transportistas bolivianos, hoy sumados a la rebelión popular contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Además de exigir depuración de responsabilidades, los integrantes del gremio demandan el pago inmediato de las indemnizaciones por daños prometidas por el mandatario, compromiso incumplido.

Arispe destacó que algunos de los sospechosos trabajaron durante más de 20 años en las entidades investigadas, al igual que reveló que las investigaciones, que iniciaron desde principios del año en curso, evidenciaron debilidades en los sistemas de control de calidad.

La comisión tiene un plazo de 120 días para la presentación de su informe final ante el pleno cameral y se encuentra en la última fase del proceso. Se prevé que presente el documento final antes de la conclusión del mes en curso, según detalló la diputada.

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Los investigadores exigieron reportes, declaraciones juradas e informes escritos y orales al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH, con el objetivo de transparentar la información y señalar a los presuntos responsables.

“Tengan por seguro que la comisión va a sacar a la luz a los culpables y responsables del daño a la gasolina”, sostuvo.

Posterior a este proceso, los resultados serán remitidos al Ministerio Público para su investigación.

La ANH, por su parte, inició 22 procesos administrativos impulsado por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de calidad y la documentación e incumplimiento de procedimientos internos.

El «caso gasolina basura» hace referencia a una investigación en marcha en Bolivia por la comercialización de combustible adulterado que estalló a principios de 2026 y que ocasionó graves daños en los motores de miles de vehículos a nivel nacional.

Inicialmente las autoridades bolivianas negaron la posibilidad de contaminantes. Sin embargo, más tarde reconocieron la existencia de manganeso y goma en indicadores no permisibles.

El Gobierno se comprometió a resarcir el daño a los afectados, pero el gremio de transportistas denuncia incumplimientos de esta promesa, además de protagonizar protestas para exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz.

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