Las universidades públicas argentinas registraron una nueva caída en el ranking global elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR), una de las clasificaciones internacionales más importantes del ámbito académico, debido a los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno neoliberal de Javier Milei.

Aunque siete instituciones del país lograron ubicarse entre las 2.000 mejores del mundo, todas retrocedieron posiciones respecto de la edición anterior, un resultado que vuelve a poner el foco sobre el desfinanciamiento a la educación superior por la reducción de recursos destinados a ciencia y tecnología.

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El informe de la edición 2026 atribuye gran parte del descenso al desempeño en investigación, el indicador con mayor peso dentro de la metodología de evaluación con un 40% del puntaje total.

La caída refleja un escenario en el que las universidades públicas argentinas enfrentan condiciones adversas, caracterizadas por un financiamiento inadecuado que dificulta sostener proyectos, invertir en equipamiento, actualizar laboratorios y retener profesionales altamente capacitados.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ser la mejor posicionada al ocupar el puesto 423 a nivel global, pero retrocedió varias posiciones respecto del año pasado y quedó ubicada como la sexta mejor de América Latina, región en la cual lidera la Universidad de São Paulo.

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En segundo lugar a nivel nacional aparece la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el lugar 768, seguida por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el puesto 845. Más abajo en la clasificación se ubicaron las universidades nacionales de Rosario (1.681), del Litoral (1.739), de Cuyo (1.829) y de Mar del Plata (1.891).

Nadim Mahassen, presidente del CWUR, señaló que el deterioro en el desempeño de las casas de altos estudios refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos.

Advirtió que la erosión del sistema de educación superior argentino socava el desarrollo científico, la innovación y el futuro a largo plazo de la nación, en un contexto donde el presupuesto nacional destinado a Educación y Cultura registró una fuerte caída en términos reales entre los años 2023 y 2025.

En ese sentido, docentes, personal no docente, técnicos y estudiantes universitarios convocaron a un paro nacional a finales de mayo para profundizar su plan de lucha ante la negativa del Gobierno del presidente Javier Milei de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).

El Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) denunció que, tras las masivas movilizaciones en defensa de la educación pública, el Ejecutivo nacional sigue desconociendo la legislación vigente y no convoca a mesas paritarias para discutir las condiciones laborales del sector.

La Ley 27.795, orientada a garantizar los recursos operativos y salariales del sistema de educación superior, resultó sancionada en dos oportunidades por el Congreso de la Nación y vetada en ambas ocasiones por el presidente Milei.

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