La campaña electoral para las elecciones generales en España comenzó oficialmente a las 0:00 horas (hora local) del viernes, dando inicio a la recta final hacia los comicios del próximo 29 de noviembre.

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Según detallan los informes de cobertura del arranque electoral, la convocatoria —prevista originalmente para el próximo año— fue adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el bloqueo parlamentario a dos decretos en materia de vivienda y las movilizaciones desatadas por el «caso Maricarmen», una anciana que falleció días después de ser desahuciada.

El estallido social por el derecho a la vivienda derivó en acampadas en todo el país y culminó en una huelga general celebrada el miércoles 11 de noviembre, jornada marcada por manifestaciones multitudinarias y cargas policiales.

Las distintas formaciones políticas iniciaron sus actos de campaña la noche del jueves disputándose los 350 escaños del Congreso de los Diputados, donde se requieren 176 actas para alcanzar la mayoría absoluta.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, eligió Sevilla para inaugurar su campaña ante unas 4.000 personas.

En el acto estuvo acompañado por primera vez en un mitin por su esposa, Begoña Gómez, y vistiendo una camiseta roja con el lema «la fuerza de las mujeres».

Sánchez instó al electorado progresista a lograr una «participación histórica» para conseguir una «remontada épica» que le permita gobernar cuatro años más.

Durante su intervención, el líder del PSOE situó la vivienda y la defensa de los servicios públicos como los pilares de su programa, contraponiendo su gestión a la de los gobiernos autonómicos del Partido Popular.

Asimismo, cargó contra el PP y Vox, afirmando que ambas formaciones «no son la alternativa» sino «la involución como Trump, Bolsonaro o Milei«, y aseguró que el 29N la «España de progreso volverá a derrotar a la involución en las urnas».

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inauguró simbólicamente la campaña en Badalona (Barcelona), arropado por el alcalde de la localidad.

Feijóo se presentó como un «gestor» capaz de solucionar los problemas acumulados durante los ocho años de mandato socialista y centró su discurso en la seguridad ciudadana, la inmigración y la vivienda.

El candidato popular advirtió que, si llega a La Moncloa, impulsará «una auditoría del saqueo» para esclarecer «dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado».

El líder de Vox, Santiago Abascal, apostó desde Huesca por el concepto de «prioridad nacional» aplicado al acceso a la vivienda, la sanidad y la educación, fijando como objetivo principal desalojar a Sánchez del Ejecutivo.

Abascal expresó su deseo de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ponga al presidente a disposición judicial; el programa de su partido recoge propuestas como la deportación de migrantes en situación irregular, la prohibición de alquilarles viviendas, el desalojo en 24 horas en casos de ocupación ilegal, el veto al burka o al niqab en espacios públicos y la derogación de las leyes de género.

Sobre su política migratoria, Abascal sostuvo que «no es odio al extranjero», sino «amor a los de dentro» y «sentido común».

Por otra parte, tras la desaparición de Sumar, 15 formaciones se han integrado en una nueva coalición denominada Frente Amplio, liderada por la exalcaldesa de Barcelona y activista antidesahucios Ada Colau, mientras que Podemos se presenta por separado con Irene Montero como cabeza de cartel.

Ambas candidatas celebraron sus actos de inicio de campaña en Madrid con la crisis habitacional como eje prioritario, reflejado en sus respectivos lemas: ‘Un voto como una casa’ para Frente Amplio y ‘Paz, casa y trabajo’ para Podemos.

Colau manifestó su disposición a formar un gobierno de coalición con el PSOE, aunque advirtió a Sánchez que no basta con «resistir» y exigió «cambiar las reglas de juego» para combatir la desigualdad.

Por su parte, Montero apeló al «voto útil» para frenar a la extrema derecha y propuso intervenir el mercado para bajar los alquileres, prohibir la especulación inmobiliaria y reformar la justicia para obligar a los jueces a declarar sus bienes.

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