Personas con discapacidad, junto a jubilados y otros sectores sociales, protagonizaron este miércoles una protesta frente al Ministerio de Salud de Argentina para exigir la aplicación de la ley de emergencia en el área y rechazar un proyecto impulsado por el Gobierno, que promueve recortes presupuestarios y otras acciones en perjuicio de aquellas y otros grupos vulnerables. En la convocatoria también participan estudiantes universitarios y agrupaciones autoconvocadas.

Durante la jornada, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad entregará un documento formal en la sede de la cartera sanitaria, encabezada por el ministro Mario Lugones. En ese escrito se detallan las principales demandas del sector y se advierte sobre el deterioro de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Entre los reclamos, denuncian irregularidades en la provisión de medicamentos, lo que afecta la continuidad de tratamientos. El colectivo también manifestó rechazo a una iniciativa legislativa enviada al Congreso, que propone modificar la normativa de emergencia vigente en el sector.

Las organizaciones sostienen que la situación se ha agravado debido a la falta de implementación efectiva de la ley, pese a haber superado instancias legislativas. En ese contexto, cuestionan la postura del Gobierno de Javier Milei, al que acusan de impulsar recortes y cambios que perjudican a la población con discapacidad.

Señalaron que los prestadores vinculados al programa Incluir Salud no reciben sus pagos desde octubre, además de registrar un atraso cercano al 40% en los aranceles, que no han sido actualizados pese al impacto de la inflación. Ante este escenario, exigen una recomposición urgente y la regularización de los montos adeudados.

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La iniciativa del Ejecutivo incluye, entre otras medidas, un proceso obligatorio de reinscripción para los beneficiarios de pensiones, quienes deberán volver a presentar documentación que respalde su condición de salud, su situación económica y su historial laboral. En caso de no cumplir estos requisitos, los pagos podrían ser interrumpidos de manera automática. Además, el proyecto establece limitaciones como la imposibilidad de percibir la pensión si se cuenta con un empleo formal.

Las organizaciones advierten que este tipo de disposiciones se dan en un contexto en el que ya se han registrado la suspensión de pagos de forma aleatoria, con el fin de recortar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis).

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En paralelo, se presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo, que incluye al propio mandatario, al ministro de Salud y a exautoridades del área, por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5.

Desde organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advierten que la propuesta legislativa vulnera derechos fundamentales, al contradecir estándares internacionales y decisiones judiciales previas, además de representar un retroceso en materia de inclusión y protección social.

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