El Gobierno de Javier Milei informó este viernes que incrementará el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), encargado de los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura argentina.

Tras la postura de negacionismo de Milei y los ataques contra los fondos e instituciones que develan la memoria histórica sobre lo ocurrido durante las desapariciones forzadas, el Ejecutivo informó al juez federal Alejo Ramos Padilla de dicho incremento.

De acuerdo a la plataforma Página 12, “la presentación, en sí, es un reconocimiento de que el laboratorio que se ocupa de hacer los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura estaba desfinanciado, tal como advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo”.

“La decisión contrasta con la lógica de “plata no hay” que esgrime Javier Milei ante reclamos de las personas con discapacidad o las universidades públicas”, valoraron.

El momento crucial fue cuando la directora técnica, Mariana Herrera Piñero, informó que ya no podría seguir tomando muestras biológicas , las cuales son indispensables para identificar a quienes pueden ser hijos o hijas de desaparecidos.

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Esto dio lugar además a que el 12 de mayo, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, pidieron la intervención del Poder Judicial.

El 14 de mayo, el juez Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina ordenándole al Gobierno garantizar el funcionamiento del BNDG, mientras que el titular del Juzgado Federal 1 de La Plata encaró aljefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Cinco días después de la cautelar de Ramos Padilla, se produjo una reunión entre el BNDG, la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Jefatura de Gabinete. Resultado de ese encuentro, se acordó otorgarle crédito presupuestario adicional al BNDG por 590.000.000 pesos argentinos (419748.36 dólares) .

El Gobierno en ese marcó denunció que había un alarmante avance de Ramos Padilla sobre el Poder Ejecutivo al ordenarle asegurar el mantenimiento del BNDG, lo que constituye, a entender de La Libertad Avanza (LLA), una “flagrante y grave violación al principio de división de poderes”.

Además, cuestionó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) por haber formulado una presentación a partir de la “mera” denuncia de una funcionaria.

Medios locales aseguran que sin la intervención de las fiscalías especializadas y la cautelar dictada por el juez, la crisis en el BNDG no estaría en vías de solución.

Como parte d ela política negacionista de Milei, a principios de mayo suspendió el envío de kits de reconocimiento de ADN a todos los consulados de Argentina en el exterior, una política que funcionaba con éxito desde hace 20 años.

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