Una nueva revelación en la Causa Cuadernos tuvo lugar este jueves cuando el testigo clave Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la calle Uruguay, negó haber afirmado que el exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, ingresaba de manera habitual con bolsos y valijas entre 2007 y 2010.

Al declarar en los tribunales de Comodoro Py en la megacausa que acusa a la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Silva aseguró que no dijo “la parte que dice que Muñoz venía de 2007 a 2010 con bolsos y valijas”.

Sí relató que firmó la declaración y admitió que cometió “un delito” al hacerlo sin estar de acuerdo con su contenido ni haberla leído completamente. “Firmé pero no estaba de acuerdo con lo que… ni lo leí. Entiendo, sé que es un delito firmar algo que no…”, aseguró.

“Entre 2007 y 2010 he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días. No puedo precisar cuántas veces, Muñoz venía con dos o tres personas y luego se retiraban”, consta en el escrito por el cual fue presionado Silva.

Al respecto, el testigo aseguró haber recibido presiones por parte del fallecido juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli. De acuerdo a su relato, durante el interrogatorio le preguntaron repetidamente por sus hijas, lo que interpretó como una amenaza.

Estas declaraciones se producen luego de que semanas atrás los empresarios «arrepentidos» Mario Rovella, Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, afirmaran haber dado falso testimonio bajo coacción.

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“Me presenté, me preguntaron si era el encargado del edificio, que habían ido al kiosco de en frente del edificio de Juncal, que habían preguntado y ahí entraban bolsos. Y me dijeron en una oportunidad -que fue lo que más incómodo me puso- que yo tenía dos hijas y que tenía que decir todo lo que me preguntara”, argumentó. Asimismo refirió que “puse mal, porque yo fui como corresponde. Si la justicia llama, hay que ir”.

Silva señaló que fue testigo en el allanamiento que ordenó el juez Bonadio en agosto de 2018, en el quinto piso de Juncal y Uruguay (antigua residencia de Cristina Kirchner), y declaró que estuvo 11 horas y media en el procedimiento y que a las 18H30 hora local el comisario a cargo llamó al juez Bonadio para avisarle que «no había nada en el edificio«.

Precisó que pudo escuchar del otro lado del teléfono del efectivo policial, una voz que gritaba que se iban a “quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo”.

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta Cristina Fernández, valoró que «cuando un testigo afirma en juicio que su declaración fue obtenida bajo amenazas, presiones y condicionamientos ilegales por parte de quienes instruían la causa, ya no estamos ante una mera discusión probatoria. Estamos ante una posible contaminación estructural del proceso«.

Prácticas mafiosas y persecusión política

El Caso Cuadernos (o «cuadernos de las coimas») es una megacausa judicial argentina iniciada en 2018, centrada en un presunto sistema de recaudación de sobornos ilegales por parte de funcionarios del kirchnerismo entre 2003 y 2015, con el fin de verse beneficiados en licitaciones de obra pública.

La causa se fundamenta en ocho cuadernos escolares del chofer Oscar Centeno, entonces conductor del subsecretario de Coordinación del extinto Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

En estos documentos, Centeno habría detallado supuestos traslados de bolsos con dinero desde empresas contratistas del Estado a despachos o viviendas de exfuncionarios. La fiscalía considera probado que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue jefa de una asociación ilícita en el Poder Ejecutivo y que tuvo «un rol activo en el sistema de recaudación de dinero instaurado».

La exmandataria, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde hace más de un año por la «causa Vialidad» (donde fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta), brindó su declaración indagatoria en la causa cuadernos el 17 de marzo.

En aquella ocasión, denunció «prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales» y calificó el proceso como un «estadío superior» de «persecución política», comparándolo con la «causa Vialidad» que considera «emblemática» en este sentido.

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