Unos mil académicos, científicos e investigadores de Argentina publicaron este miércoles una carta abierta en la que expresan su preocupación por el proyecto de ley para la creación de un nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve el Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

La misiva está dirigida a los miembros del Senado, que por estos días analiza en comisiones el proyecto de ley, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Según los firmantes, el RIGI implicará la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera.

???? Argentina: Gobernador Quintela rechaza régimen de inversiones por "entrega de soberanía"

???? El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, critica el régimen de grandes inversiones del Gobierno de Milei, calificándolo de "política de entrega de soberanía y recursos naturales".…

— teleSUR TV (@teleSURtv) June 19, 2026

Los firmantes sostienen que este nuevo régimen, también conocido como el Super-RIGI, establece beneficios fiscales, estabilidad regulatoria durante décadas y mecanismos de protección jurídica excepcionales para grandes corporaciones tecnológicas sin exigir compromisos equivalentes en materia de empleo local, transferencia de tecnología o desarrollo de capacidades nacionales.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos como la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Se reveló de qué trataba el Súper RIGI. Es la ley de datacenters. Un proyecto para darle a a las grandes tecnológicas lo que acá no tiene nadie. Energía y trabajo subsidiado.

▪️ Ganancias al 15%.
▪️ Contribuciones patronales al 10%. Vacían ANSES
▪️ Cero aranceles
▪️ Las divisas… pic.twitter.com/iTdSWqSGfN

— Pablo Serdán (@pabloserdan) May 26, 2026

Los académicos y científicos sostienen que la cesión de competencias de regulación en sectores estratégicos podría limitar la capacidad futura del Estado para definir políticas públicas. También advierten de los efectos del RIGI en combinación con los del proyecto de ley sobre sociedades que, entre otras cosas, reconoce la personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por IA.

Según los expertos, ambas iniciativas podrían configurar un marco legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control democrático ni responsabilidades claramente definidas.

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El RIGI que se debate ahora en el Congreso argentino comprenderá proyectos de inversión para sectores productivos que aún no tienen presencia significativa en Argentina, como productos laminados de cobre, baterías de litio, automóviles eléctricos, la cadena de valor del uranio y los centros de datos y de inteligencia artificial (IA), entre otros.

En el documento, también se advierte sobre el impacto ambiental potencial de estas inversiones al señalar que las infraestructuras de gran escala vinculadas a la IA demandan elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua.

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