El cine argentino se enfrenta a la motosierra

El avance del desguace del Estado argentino por parte del Gobierno de Javier Milei no se detiene y esta semana puso el acelerador en una serie de medidas que atentan directamente contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

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La solución está en los haitianos

“La actividad está completamente parada, hace tres meses. Así que lo que se vive es como una desolación, no sabemos qué pensar de lo que va a ocurrir, en la actividad no se puede tener ninguna previsibilidad hoy en día. Por eso no está habiendo rodaje”, cuenta Mayra Bottero, guionista, productora y directora de cine con respecto a la situación actual de una de las industrias cinematográficas más desarrolladas de Latinoamérica. 

También reseña que se encuentran sin actividad los procesos de posproducción, por lo cual técnicos, profesionales, autores que desarrollaban sus actividades en torno al cine, se encuentran hoy en día sin trabajo. “No hay una amenaza próxima a quedarse sin trabajo, sino que ello ya es un hecho”, reseña Bottero.

La parálisis no es menor para la economía argentina, dado que contribuye a la economía total con 967.241 millones de pesos y representa el 5,2 por ciento de los ingresos.

En cuanto al empleo que genera de forma directa e indirecta el sector, alcanza al 3,1 por ciento del empleo de la economía nacional, lo cual se traduce en un total de 634.465 puestos de trabajo. 

Además, el cine es uno de los sectores con mayor crecimiento con respecto a la generación de empleo en los últimos años. 

Entre 2007 y 2022, los puestos de trabajos directos relacionados crecieron un 45 por ciento y, si se tiene en cuenta el incremento interanual entre los años 2021 y 2022, la cifra fue de más del 17 por ciento, lo cual convierte a la industria audiovisual en uno de los sectores de la economía argentina con mayor dinamismo.

Motosierra al Incaa

Gran parte del desarrollo audiovisual en Argentina se debe a las políticas públicas que promueven la producción audiovisual. Desde 1968, existe una Ley que promueve y fomenta la actividad cinematográfica nacional (Ley 24.377, ex Ley 17.741) y la actividad Industrial Audiovisual es reconocida como industria y se incluye en el Régimen de la Promoción de la Economía del Conocimiento.

El fomento, financiamiento y promoción de esta actividad económica y cultural está a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, un ente público no estatal que funciona en el ámbito del ex Ministerio de Cultura de la Nación (hoy Secretaría), que tiene oficinas y empleados, y maneja dineros que provienen, en su mayoría, del sector privado a través de asignaciones específicas y es un ente autárquico, es decir que el Gobierno nacional no define ni interfiere en sus acciones.

Sin embargo, la administración Milei decidió iniciar el desguace del Incaa. En la madrugada del pasado martes, el Ejecutivo ordenó mediante la Resolución 16/2024 suspender todas las erogaciones y todo apoyo económico; disponer no renovar las contrataciones con vencimiento al 31 de marzo; la suspensión del pago de horas extras; la suspensión de los viajes del personal, y el financiamiento de festivales.

La delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado correspondiente al Incaa, Ingrid Urrutia, señala que “el plan que tienen es reducir el Incaa a su mínima expresión y eso implica un ataque directo al cine nacional”.

Según analizan desde el gremio, la no renovación de los contratos se traducirá en la pérdida de la fuente de trabajo de 170 personas, a la vez que refieren que las autoridades han expresado su voluntad de avanzar con la revisación de los 645 empleados que son planta permanente del instituto, con retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas.

“Perder cada uno de esos puestos de trabajo significa perder una de las tareas que son indispensables de este instituto que sus trabajadores aman, que sus trabajadores defienden, y que no van a dejar que una gestión como esta que ha decidido venir por todo avance así tan sencillamente”, declaró Urrutia.

La justificación oficial

La decisión del Ejecutivo nacional no es sorpresa, dado que en su campaña presidencial había asegurado que iba a cerrar el Incaa, igual que los medios públicos y la agencia Télam, la cual fue dada de baja a principios de marzo y todo el personal fue dispensado. 

En su discurso, Milei aseguraba que estos organismos del Estado no son rentables. “Si genera déficit, es porque vos no generás un producto apetecible para el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar”, afirmó en agosto de 2023 el entonces candidato presidencial a una radio local.

La misma línea tuvo el comunicado emitido por el Ministerio de Desarrollo Humano que acompañó la resolución administrativa, donde justifica el inicio de "un proceso de reordenamiento de Incaa" con el objetivo de "reducir drásticamente los gastos del instituto”.

Según expresa la comunicación oficial, la institución registra "un déficit de 4 millones de dólares, una parte financiados por el Tesoro Nacional y la otra pospuesta y a pagar por la actual administración. Es falso que el Incaa se autofinancia".

Y finaliza con “nuestro compromiso con el déficit 0 por ciento es innegociable. Se terminaron los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos”.

Organismo autofinanciado

Para la delegada sindical del Incaa, “ese Ministerio que de humano tiene poco, y de inhumano tiene todo” basa su decisión en dos falsedades: “El primero es que el Incaa tiene un déficit de 4 millones de dólares, en realidad esos recursos son partidas del Tesoro Nacional que se pidieron durante el año pasado y no es deuda, se pidieron para fondos específicos y los asignó Economía”. 

De hecho, el instituto de cine se financia principalmente a través del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), establecido por la Ley 24.377 del año 1994. El mismo se integra con un impuesto del 10 por ciento sobre el precio de las entradas de cine, el 10 por ciento del precio de venta de "videogramas grabados" (como DVD’s) y el 25 por ciento de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y otros ítems menores.

Los defensores de la institución indican que el organismo se autofinancia. De acuerdo con el Presupuesto 2021 el FFC representó el 77 por ciento de los gastos del Incaa y en el Presupuesto 2022, el fondo cubrió el 80 por ciento del dinero utilizado. 

En segundo término, “respecto al hambre y la pobreza que existe en nuestro país, no es responsabilidad del cine”, enfatiza Urrutia, quien destaca que el cine ha vehiculizado las denuncias de las responsabilidades políticas de los distintos Gobiernos que permitieron las desigualdades y “que las clases populares siempre terminan pagando las decisiones económicas de seguir endeudando a nuestro país con el FMI”.

“El cine nacional no es responsable, no se le quita la comida de la boca a ningún niño por fomentar al cine nacional sino que al contrario, hoy tenemos a cientos de comedores en nuestro país que no están recibiendo alimentos y eso no es culpa del cine, por que el cine está parado y al cine no se le está dando un peso”, finalizó.

Todos unidos por el cine nacional

Como respuesta, múltiples sectores de la cultura han manifestado su solidaridad con el Incaa, sus trabajadores y el sector en general. Desde diversos espacios se convocan a diario múltiples actividades con el fin de concientizar a la comunidad en general de la importancia del instituto, y de denunciar el ajuste irracional promovido por el Ejecutivo.

Urrutia, desde la sede del Cine Goumont, cine recuperado y gestionado por el Incaa para difundir el cine nacional, cuenta que “empezamos a organizarnos y estamos convocando no sólo a los trabajadores, sino al sector a que se movilice, que lo hagamos en unidad, que tenemos mucho por defender. Que no es solo un organismo más del Estado, es un orgullo nacional”. 

Por su parte, Bottero manifiesta “yo en lo particular estoy tratando de participar lo más que puedo, desde la plataforma Unidxs por la cultura, organizarnos, ponernos en acción, poder decir a la comunidad, a nuestra población, pero también a la población internacional que esto que está pasado no tiene precedentes en las últimas decadas. No se puede permitir”.