La Consulta Indígena en Chile, impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, es rechazada de forma masiva por diversas comunidades Mapuche en el Wallmapu, marcando una derrota simbólica para la estrategia estatal en la región.

Por su parte, comunidades de Los Sauces, región de la Araucanía, emitieron una declaración oficial que detalla los cuatro pilares de su rechazo. La declaración, que cuenta con el respaldo de líderes y comunidades de Choque Choque, Trintre, Temulemu, Guindo Grande, Arquin, Guindo Chico y Queuque, rechaza la consulta por «carecer de legitimidad y representatividad«, acusando que su único objetivo es dar un punto final a la legítima lucha del pueblo Mapuche por la restitución territorial histórica.

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Además, se oponen a la creación de un fondo único para la compra de tierras, entendiendo que esta medida limita la recuperación de su territorio ancestral.

Las comunidades también defienden la Ley 19.253, advirtiendo que no permitirán cambios en los artículos que protegen las tierras indígenas. Entretanto, reafirman su principio fundamental de que “la tierra Mapuche no se vende, arrienda ni hipoteca”.

Asimismo, sostienen que «no habrá paz ni entendimiento, mientras el Estado chileno siga reprimiendo y persiguiendo a los Mapuche» y declaran que no firmarán ningún acuerdo bajo estado de excepción y con las cárceles llenas de presos políticos Mapuche.

El Gobierno chileno, a través de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, propuso un Nuevo Sistema de Tierras para abordar la demanda histórica de tierras del pueblo Mapuche. La Consulta Indígena, que inició el pasado 13 de agosto, cubre las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Este proceso buscaba ser un mecanismo de diálogo entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche, con el objetivo de establecer una «solución justa» y duradera para la demanda territorial en el sur del país. No obstante, las comunidades han dejado un mensaje claro al Estado chileno: la tierra y la autodeterminación no son negociables en un proceso de consulta que no cumple con los principios de ser libre, previa e informada.

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