La polarización política en Brasil se ha intensificado desde el auge de la extrema derecha y la llegada al poder de Jair Bolsonaro en 2018, registrándose numerosos episodios de violencia, a menudo física, bajo el pretexto de defender una ideología.

En este contexto, las mujeres son quienes más sufren la violencia política. El lunes 17, la candidata al Senado y diputada federal por São Paulo, Marina Silva (partido Red de Sostenibilidad, o Rede), fue blanco de hostilidades y amenazas durante una marcha junto a su compañera candidata Simone Tebet (Partido Socialista Brasileño, PSB) y el candidato a gobernador de São Paulo, Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores, PT). Este incidente dista mucho de ser un caso aislado en el escenario político brasileño.

El intento de intimidar a Marina Silva levantó una ola de solidaridad entre líderes de partidos políticos, ministros y parlamentarios, todos con un concepto claro: la misoginia no puede utilizarse como herramienta para excluir a las mujeres de la vida pública.

En una entrevista con Conexão BdF, en Rádio Brasil de Fato, Julie Ricard, candidata a doctora en administración pública y gobierno en la Fundación Getúlio Vargas (FGV), afirmó que la misoginia constituye el núcleo de estos actos de violencia, los cuales se manifiestan tanto en el ámbito privado como en el público.

Ricard subrayó que estos sucesos adquieren mayor visibilidad durante los periodos de campaña, pero no se restringen a ellos. A su juicio, el acto contra Marina Silva fue muy simbólico de esta violencia transversal dirigida a una mujer con poder e influencia.

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«Por lo general, cuanta más visibilidad tienen las mujeres, es decir, cuanto más poder tienen, más probabilidades hay de que sean atacadas. Es un sistema de control«, afirmó, agregando que la violencia de género siempre se ha utilizado para someter a las mujeres, relegarlas a una posición de sumisión y determinar qué comportamientos son aceptables.

Ricard también analiza la aún baja representación de las mujeres en la política, lo que puede considerarse una forma de violencia estructural. Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), del total de candidaturas registradas, el 43,8 % son mujeres.

No obstante, entre los candidatos a presidente y vicepresidente, solo hay dos mujeres. Asimismo, de los candidatos a gobernador, en siete estados solo hay candidatos varones. La experta señala que los datos demuestran que «cuanto más poder está en juego, menos espacio hay para las mujeres». «Aunque superamos el 30 %, que es el porcentaje que establece la ley de cuotas para los cargos de representación proporcional, nos damos cuenta de que esta distribución es muy desigual», refirió.

«Hay menos mujeres donde hay más poder«, observó, destacando que las dos candidatas presidenciales no forman parte de las listas principales.

Finalmente, Ricard argumentó que si el análisis de la representatividad del Congreso se basara en la distribución real del electorado, sería necesario contar con un 50 % de hombres y un 50 % de mujeres. La experta reflexiona que esta paridad «no se trata solo de una cuestión ética, sino también de los temas que se pueden abordar y de las experiencias que se aportan a estos espacios de toma de decisiones».

Por lo tanto, concluyó que la garantía de espacios equitativos para las mujeres es una cuestión eminentemente política y también de política pública, esencial para la democracia.

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