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En entrevista para teleSUR, el docente universitario e investigador Ángel Tortolero valoró la respuesta del Gobierno de Venezuela ante la emergencia generada por el doblete sísmico registrado en ese país suramericano el pasado 24 de junio.

El académico resaltó la entrega de las primeras 240 unidades habitacionales totalmente equipadas en Fuerte Tiuna, un complejo militar ubicado entre las parroquias Coche y El Valle, ambas al sur del municipio Libertador de Caracas, capital venezolana.

Tortolero señaló que estas acciones responden a la responsabilidad constitucional del Estado de garantizar la vivienda y la unidad familiar como un derecho fundamental, en medio de un contexto complejo e imprevistos naturales.

El docente también explicó que las autoridades mantienen un despliegue constante para culminar edificaciones que se encontraban en proceso de construcción tanto en la capital, Caracas, como en el interior del país.

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Asimismo, indicó que en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, se realizan los estudios de suelo correspondientes para ejecutar nuevas obras de manera responsable, respetando el arraigo territorial de sus habitantes y la resiliencia demostrada por la comunidad frente a la emergencia.

Respuesta institucional y labor voluntaria

El investigador resaltó el liderazgo de la gestión gubernamental encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la articulación con un importante contingente de arquitectos e ingenieros egresados de las universidades nacionales.

Ese personal, sumado al aparato del Estado, trabaja de forma voluntaria en la restitución de condiciones de vida dignas para los afectados, proyectando un esfuerzo continuo que abarca la atención en campamentos y la progresiva vuelta a la normalidad en las zonas impactadas.

Cohesión nacional

Finalmente, el especialista reflexionó sobre la importancia de generar propuestas concretas frente a la crítica y denunció la existencia de campañas de desinformación orientadas a generar alarma en la población.

Subrayó que la superación de la coyuntura actual ha movilizado a diversos sectores del país en un esfuerzo solidario conjunto por la reconstrucción y la estabilidad nacional.

Impacto de las sanciones y recursos en el exterior

En su intervención, Tortolero enfatizó que la atención a la emergencia se desarrolla en un contexto adverso marcado por las sanciones coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero. Denunció que estas medidas impiden al Estado disponer libremente de sus recursos e ingresos petroleros, refiriéndose además a la retención de fondos y activos venezolanos en bancos del exterior, como las reservas de oro custodiadas en Londres. A pesar de estas restricciones económicas, resaltó que la gestión gubernamental mantiene el financiamiento de los planes de atención social e infraestructura.

Atención integral en refugios y recuperación del comercio

Frente al evento sísmico que dejó a más de 17.000 personas sin hogar, el Estado venezolano mantiene operativos 107 campamentos transitorios que albergan a más de 23.582 afectados. En estos espacios se proveen servicios de atención médica, alimentación e higiene.

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De forma simultánea, la actividad económica local registra un avance progresivo, alcanzando un 56 por ciento de operatividad en las zonas de mayor impacto y un 90 por ciento en las áreas no afectadas. De los 7.000 establecimientos registrados en la entidad, más de 1.700 permanecen abiertos garantizando el abastecimiento.

Para acelerar el proceso de recuperación, el Ejecutivo nacional coordinó con el sistema bancario un plan de financiamiento destinado a la reparación de maquinarias y la reposición de inventarios.

Metas del plan de vivienda

Durante la jornada en la que se entregaron las primeras 240 viviendas, la mandataria encargada de Venezuela anunció que entre los meses de julio y diciembre de este año se prevé la entrega de 4.000.

Asimismo, en el marco del plan Venezuela Renace, Rodríguez informó que se proyecta superar las 10.000 soluciones habitacionales para el 2027 a través de la culminación de edificaciones pendientes, la compra de inmuebles en el mercado secundario, la revisión de suelos y reformas a la Ley de Arrendamiento y Garantías Inmobiliarias para dinamizar la oferta de alquileres.

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