La Fiscalía General de la República (FGR) solicita una sentencia de 20 a 40 años de prisión para el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y para sus presuntos cómplices, por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La acusación señala que habrían integrado una red de tráfico ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia territorio nacional, mediante transporte ferroviario y con evasión del pago de impuestos.

La audiencia continuará este martes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si los imputados son vinculados a proceso. De acuerdo con la orden de aprehensión, a la que tuvo acceso La Jornada, el caso involucra al menos nueve embarques realizados desde Deer Park, la refinería filial de Pemex ubicada en Texas.

Según la investigación, el combustible era trasladado para la empresa Ingemar, propiedad de Ruffo, como consignataria, y para Internacional de Fundentes como destinatario final en México. Las autoridades sostienen que esta última compañía enfrentó una indagatoria por presuntamente falsificar documentos para ingresar más hidrocarburos de los autorizados. Se le otorgaron cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, premium y turbosina.

En el expediente también aparecen el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta y su colaborador Alexis Aarón Camacho Flores, quienes cuentan con órdenes de aprehensión. El 20 de octubre de 2023, en la aduana de Matamoros, ambos declararon el ingreso de dos cargamentos de 71.923 litros de aceite lubricante básico cada uno, pero en realidad uno correspondía a gasolina y el otro a diésel.

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La indagatoria incorporó además el hallazgo de 129 carrotanques con hidrocarburos sin documentación legal: 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila. El Ministerio Público Federal refiere que, ante ese volumen, “resulta evidente que una sola persona no tiene capacidad” para transportar por ferrotanques esas cantidades de producto, por lo que atribuye la operación a una estructura de delincuencia organizada.

El 19 de septiembre de 2025, Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado legal de Pemex, presentó una denuncia de hechos. En esa querella señaló que, tras el aseguramiento de 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo y de otros 96 con 11.520 litros, se evidenciaba la participación de múltiples actores en las maniobras ilícitas.

Para la FGR, Ruffo y sus presuntos colaboradores diseñaron y ejecutaron “un complejo esquema de simulaciones” mediante 11 compañías para introducir 18 millones 225.657 litros de petrolíferos en 163 carrotanques. La investigación sostiene que estas importaciones se realizaron en condiciones ilícitas, con evasión de contribuciones fiscales y violaciones aduaneras, para colocar el combustible en el mercado interno fuera de los canales autorizados.

El perjuicio al fisco federal asciende a 166 millones 466.735 pesos. Mientras tanto, alrededor de 100 personas, entre ellas representantes de Acción Nacional en Baja California, se concentraron ayer frente a las oficinas de la FGR en Tijuana para exigir la liberación de Ernesto Ruffo.

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