El Gobierno de Venezuela emitió una alerta ante la comunidad nacional e internacional por los daños ambientales y económicos causados por un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago.

El diplomático denunció que pese a detectar el desastre desde el 28 de abril mediante monitoreo satelital, las autoridades trinitarias guardaron silencio durante semanas, incumpliendo convenios globales como el de la Diversidad Biológica que obligan a cooperar y compartir información inmediata para la mitigación de contingencias.

Este desastre ambiental, afecta directamente la pesca artesanal y la acuicultura, con pérdidas registradas para más de 500 pescadores locales. Gil advirtió que la emergencia pone en riesgo a 140 especies marinas, 12 sistemas de humedales estratégicos y cuatro parques nacionales de la región, entre ellos la Península de Paria, Turuépano, Mariusa y la Reserva de la Biósfera del Delta del Orinoco.

Frente a la inacción del país vecino, contingentes del Ministerio de Ecosocialismo, Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y la Armada Bolivariana en coordinación con la gobernación del estado Sucre y la alcaldía del municipio Valdez se desplegaron junto a los consejos de pescadores para contener el desastre.

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Esta delegación técnica del Gobierno de Venezuela se trasladó por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez hasta la localidad de Güiria para realizar labores de inspección y articulación social ante el derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago.

Hasta el momento, las labores dirigidas por el Gobierno venezolano lograron mitigar el 70 por ciento de la zona afectada tras recolectar más de 12 toneladas de crudo.

El canciller informó el envío de un reporte detallado a Puerto España exigiendo que asuman la responsabilidad, entreguen datos sobre el tipo de producto vertido y cubran las indemnizaciones correspondientes por el ecocidio.

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El equipo multidisciplinario continúa evaluando en el terreno el alcance real del impacto ambiental, social y económico que afecta a las actividades pesqueras, turísticas y a la salud pública de las comunidades de las costas orientales del país.

Asimismo, ya se instalaron brigadas voluntarias compuestas por el poder popular organizado para acelerar las tareas de mitigación del crudo en las playas afectadas.

Por su parte los especialistas alertaron sobre la amenaza que representa este incidente para el corredor marino de la Península de Paria, una zona de extraordinaria biodiversidad que alberga manglares, humedales y sistemas estuarinos vitales para la pesca local.

Ante este escenario, la representación venezolana ratificó la exigencia diplomática para que Trinidad y Tobago suministre toda la información técnica sobre el origen del vertido y los protocolos activados, al tiempo que hizo un llamado a los movimientos ambientalistas del país vecino para sumar esfuerzos conjuntos en la defensa del ecosistema compartido.

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