Venezuela ante la CIJ: Guyana pretende legitimar fraude colonial con Laudo de 1899

La Procuradora General Arianny Seijó demolió la tesis guyanesa sobre la «quiescencia» venezolana y advirtió que ningún principio del Derecho Internacional puede subsanar un acuerdo nacido del fraude y la coacción imperial.

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La representación del Estado venezolano reiteró que la única vía legal y vinculante para resolver esta controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966.


11 de mayo de 2026 Hora: 11:00

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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela refutó este lunes 11 de mayo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las alegaciones de Guyana sobre una supuesta aquiescencia venezolana respecto al Laudo Arbitral de 1899. 

La Procuradora General de la República, Arianny Seijó, desestimó categóricamente la teoría de subsanación del laudo basada en la conducta posterior de las partes, argumentando que los profesores Rubén y Azaría han demostrado que este planteamiento es fundamentalmente erróneo y carece de fundamento probatorio en el Derecho Internacional.

La representante venezolana fue contundente al señalar que no existe ningún principio jurídico en el Derecho Internacional que permita subsanar la nulidad de un laudo arbitral mediante la conducta de las partes. 

«No se puede subsanar lo que nació de la ilicitud y del fraude», afirmó Seijó, recordando que Venezuela siempre se opuso a tal principio, especialmente durante la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Venezuela obtuvo esas pruebas tras la publicación del memorándum de Mallet-Prevost. Contemporáneamente a esa fecha se abrieron parcialmente los archivos británicos y se llevaron a cabo investigaciones que permitieron a Venezuela demostrar los vicios del laudo. 

La conducta venezolana, subrayó Seijó, refleja el grado de seriedad y diligencia que se espera de un Estado en virtud del Derecho Internacional con respecto a la impugnación de un laudo arbitral de la importancia y magnitud del fraudulento Laudo de 1899.

La Procuradora General señaló la codicia imperialista del Reino Unido como una de las circunstancias de la época que confirman que Venezuela fue víctima de un despojo territorial. La delegación venezolana denunció que Guyana pretende negar malintencionadamente la asimetría de poderes existente entre Venezuela y las potencias de la época.

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Un país devastado por la guerra no estaba en condiciones de enfrentarse a la mayor potencia naval y militar del mundo para preservar el derecho a invalidar un laudo. La representante calificó de «absurda» la reclamación de Guyana, que pide a la CIJ considerar razonable una proposición aún más irracional.

Guyana pretende que Venezuela, a pesar de sus extremas debilidades militares a principios del siglo XX, estaba en condiciones de impugnar un laudo arbitral sin contar siquiera con las pruebas que demostraban su invalidez, y que debía estar preparada para soportar una nueva guerra que, sin duda, volvería a perder.

La Procuradora General concluyó que la pretensión de Guyana es contraria a la justicia, la buena fe y niega toda razón. Venezuela dejó claro que el verdadero tema de la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que reemplazó el marco jurídico colonial y fraudulento.

Antes de presentar las conclusiones finales, Seijó planteó un tercer punto crucial. Como explicaron claramente los profesores Tamms y Paquet, incluso si la controversia se refiriera al Laudo de 1899, la afirmación de Guyana de que el laudo es válido fracasaría por completo. Las pruebas documentales y el contexto histórico desmantelan cualquier intento de legitimar un instrumento nacido de la coacción imperial y el fraude colonial.

Autor: teleSUR: drb - er - RR

Fuente: Agencias