Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este viernes un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, instrumento legal promulgado el pasado 19 de febrero de 2026 para consolidar la reconciliación y la paz social en el país.

La mandataria encargada detalló un proceso de excarcelaciones que se inició en enero con 885 liberaciones previas a la referida ley. Informó que, a través de la Comisión de Reforma Judicial y el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, se sumaron 395 liberaciones adicionales, con la expectativa de superar las 500 en las próximas horas.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que 3.630 personas fueron liberadas de la justicia ordinaria en lo que va de año, superando las 2.244 excarcelaciones registradas en todo 2025. Cabello enfatizó que la Constitución venezolana garantiza los derechos humanos, lo que permite afinar propuestas para el Poder Judicial, buscando que personas acusadas por delitos que no ameriten cautiverio puedan ser juzgadas en libertad.

Esta política de juzgar en libertad se aplica a casos como accidentes de tránsito sin lesionados, reduciendo el retardo procesal y fortaleciendo el papel de los jueces de paz en la resolución de conflictos comunitarios.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que más de 12.000 personas solicitaron el amparo de la Ley de Amnistía, de las cuales casi 9.000 fueron beneficiadas. El parlamentario señaló que la cifra muestra el compromiso del Estado con la reconciliación interna frente a la injerencia externa y las campañas contra el proceso.

Rodríguez explicó que la Asamblea Nacional trabaja en la reforma de la justicia penal con la elaboración de leyes que buscan proteger a los ciudadanos y fortalecer el sistema judicial, consolidando la autonomía legislativa del país. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia elevará el número de magistrados de 20 a 32, con el fin de fortalecer la Sala Constitucional y acelerar procesos para combatir el retardo judicial.

La implementación de la Ley de Jueces de Paz, aprobada hace año y medio, establece una justicia de proximidad y comunitaria, orientada a consolidar un modelo judicial propio y eficiente.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatríz Rodríguez, destacó la activación de cerca de 38.000 voluntades de paz en todo el territorio venezolano. Esta medida extiende los mecanismos de mediación y conciliación a cada rincón del país, una acción orientada a consolidar la autonomía nacional frente a las campañas de desestabilización.

El encuentro contó con la participación de otras autoridades del Estado, incluidos el fiscal general de la República, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Egleé González; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatríz Rodríguez, y el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza.

Con la implementación de este marco jurídico, las instituciones del Estado venezolano reafirman el objetivo de recomponer el tejido social y garantizar la estabilidad política de la nación. La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática busca promover la paz, generar condiciones para la participación política plural y favorecer la reintegración civil de personas procesadas o con condenas por motivos políticos.

Al finalizar el encuentro, la presidenta encargada informó que a partir del 1 de junio el país desarrollará la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal. Esta iniciativa democrática y participativa busca una justicia equitativa para todos, rechazando las agendas externas que pretenden dictar el rumbo legal de la nación.

La mandataria encargada señaló que la corrupción judicial es otro frente de batalla, por lo que la reforma de la justicia penal incluirá mecanismos de control para consolidar la transparencia del sistema frente a las narrativas que buscan desacreditar a las instituciones venezolanas.

Añadió que un tercer gran desafío es la criminalización de la pobreza, evidenciada en que un 68% de las personas privadas de libertad provienen de estratos económicos menos favorecidos, y aseguró que Venezuela se compromete a combatir esta forma de discriminación económica y social, reafirmando su modelo de justicia inclusivo y humanista frente a las políticas que castigan a los más vulnerables.

Ante este escenario, la presidenta encargada de Venezuela propuso la creación de un sistema nacional de protección para defensores y familiares que garantice plenamente los derechos humanos de todos, incluyendo a los funcionarios de seguridad.

Un total de 8.740 personas se han beneficiado de la Ley de Amnistía, de las cuales 314 ya fueron exentas, demostrando la eficiencia y operatividad del sistema judicial venezolano. Rodríguez afirmó que la nación avanza en la construcción de un nuevo modelo de justicia penal centrado en los derechos humanos y la Constitución.

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