La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que exigirá a los migrantes temporales salir del país para poder solicitar la residencia permanente, conocida como «green card».

La agencia migratoria argumentó en un comunicado que la disposición está estipulada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, señalando que los Gobiernos anteriores no habían hecho cumplir la norma. Las autoridades describieron el memorando como un retorno a la intención original de la ley, orientada a reducir la necesidad de localizar y deportar a quienes permanecen ilegalmente.

Defensores de la inmigración calificaron el cambio como una medida cruel y perturbadora dirigida legalmente contra las personas que se encuentran en el país. El anuncio se enmarca en la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, enfocada en reducir la inmigración irregular. Asimismo, busca limitar las vías regulares junto al asilo mediante medidas de disuasión o deportación.

USCIS is applying long-standing law and prior court decisions to require certain aliens with temporary visas who decide they want to permanently reside in the U.S. to return to their home countries to apply for permanent visas through the @StateDept.

We're returning to the… pic.twitter.com/E2AFZkds5m

— USCIS (@USCIS) May 22, 2026

Alcance de la medida

La política establece que las personas con visas temporales de no inmigrante —como las categorías B-1 y B-2 de negocios o turismo; F-1 y M-1 de estudios; y H-1B, H-2A y H-2B de trabajo especializado, agrícola y no agrícola— deben abandonar la nación y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense de su lugar de origen si desean cambiar su estatus a residente permanente.

El procedimiento actual permite solicitar el ajuste de estatus migratorio dentro de Estados Unidos por motivos de matrimonio, empleo o reunificación familiar. Este trámite puede tardar años y mantiene la renovación de visados durante su desarrollo.

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El portavoz de USCIS, Zach Kahler, declaró que un extranjero en condición temporal deberá regresar a su país de origen para solicitar la «green card», exceptuando circunstancias extraordinarias no especificadas. Kahler afirmó que la medida busca evitar el incentivo de lagunas jurídicas y asegurar el funcionamiento del sistema según lo previsto por la legislación.

«Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales», manifestó Kahler.

Críticas y situación del sistema

El ajuste de estatus ha sido utilizado por más de la mitad de todos los inmigrantes legales en la última generación, según datos expuestos por David Bier, director de estudios de inmigración del libertario Instituto Cato.

Bier afirmó en la plataforma social X que el Congreso pretendía que las personas calificadas para la residencia permanente tuvieran una vía para permanecer en el país. El analista calificó la decisión como perjudicial para la estabilidad laboral y familiar de los inmigrantes legales.

How can Congress not impeach @USCISJoe? Do your job, Joe. He now demands every green card applicant self-deport, so that 1) applicants have to go through a process where courts are barred from nearly any review of consular decisions; and 2) overstays get 10-year barred…. pic.twitter.com/zeGDIZhpxB

— David J. Bier (@David_J_Bier) May 22, 2026

Actualmente existen un millón de reclamaciones pendientes de ajuste de estatus. La acumulación aumentó tras la orden de la Administración de detener las solicitudes pendientes alrededor del Día de Acción de Gracias del año pasado, tras la muerte a tiros de un miembro de la Guardia Nacional en Washington D.C., política que se encuentra bajo litigio. De momento, el Departamento de Estado detuvo el procesamiento de visas de inmigrantes en 75 países diferentes.

La nueva directiva de USCIS podría enfrentar procesos judiciales debido a que una modificación de esta magnitud requiere ser elaborada mediante mecanismos normativos de notificación y comentarios.

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