El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseveró que «la Administración central ejerce un control absoluto y soberano sobre la totalidad de los recursos financieros derivados de la comercialización internacional de petróleo».  

Durante su alocusión el parlamentario sostuvo que «ningún organismo extranjero o entidad financiera internacional administra o custodia los fondos públicos que ingresan al país por concepto de la venta de hidrocarburos». Las declaraciones del vocero legislativo surgieron como «una respuesta a las suposiciones sobre «injerencia externa en la gestión de las divisas captadas por Petróleos de Venezuela (PDVSA)». 

En su intervención, Rodríguez explicó detalladamente «la arquitectura de las alianzas comerciales» que sostiene la nación caribeña con diversos actores económicos del sector energético global. Precisó que hasta la fecha «el país ha suscrito 71 acuerdos estratégicos con empresas internacionales para la exploración, extracción y venta de crudo en los mercados continentales».  

Asimismo, el diputado reveló que «las autoridades competentes mantienen abiertas negociaciones para concretar otros 44 convenios operativos en materia de hidrocarburos». En este sentido explico que «toda esta red de cooperación se ejecuta respetando celosamente la soberanía económica y los postulados establecidos en la Constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela». 

Rodríguez a su vez enfatizó que «la totalidad de los contratos firmados en la industria petrolera contempla esquemas de participación del capital nacional, así como el resguardo directo de la fuerza laboral venezolana». Argumentando por ello que «la planificación del Ejecutivo apunta a transformar las reservas operativas en bienestar social e inversión productiva interna».

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Por ello, «la priorización de la atención de los servicios públicos, las infraestructuras estratégicas y la estabilización del mercado cambiario, son de gran importancia», afirmó el legislativo. Por otro lado, el parlamentario desestimó «cualquier pretensión de condicionalidad política o tutelaje sobre los flujos monetarios originados por las operaciones comerciales del Estado en el extranjero». 

Adicionalmente, Rodríguez denunció «las continuas presiones y medidas coercitivas unilaterales» impuestas contra el sistema financiero del país por parte de potencias extranjeras. Sosteniendo que, «a pesar del cerco económico, el Gobierno venezolano ha logrado consolidar mecanismos alternativos para garantizar la recepción directa de los pagos asociados a la exportación de derivados del petróleo».  

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Reiteró que «los recursos ingresan a la caja fiscal bajo la supervisión de las instituciones bancarias nacionales autorizadas, descartando cualquier tipo de fideicomiso externo o manejo de cuentas por terceros ajenos a la estructura institucional de la nación». Finalmente, reafirmó que «la autonomía en el manejo de las divisas constituye un principio innegociable para la estabilidad macroeconómica de Venezuela». 

En tanto, los voceros oficiales destacaron que «el modelo de recuperación productiva se fundamenta en la capacidad soberana para comerciar libremente con cualquier país o corporación privada». Rodríguez ratificó que «el Estado mantendrá la custodia firme de todos los activos monetarios para financiar las políticas del sector público». 

#EnVideo???? | Coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, aseveró que Venezuela mantiene el control sobre los recursos financieros obtenidos a través de la comercialización de petróleo hacia distintos países del mundo. https://t.co/MUoEuwKXQI

— Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) October 22, 2026

Las precisiones formuladas por la directiva de la Asamblea Nacional ocurren en un marco de reconfiguración estratégica en la industria de hidrocarburos venezolana, donde tras años de intensas restricciones financieras globales, la reactivación operativamente paulatina de los acuerdos de Petróleos de Venezuela con firmas internacionales busca reactivar la captación fluida de divisas para el erario nacional.

Asimismo, la consolidación de 61 convenios vigentes y la negociación activa de otros 44 contratos confirman un dinamismo operativo orientado a diversificar las inversiones en los principales campos de extracción del país.

La reafirmación del control soberano sobre los flujos monetarios representa un pilar central del mensaje gubernamental para proyectar estabilidad institucional frente a la flexibilización o revisión constante de licencias otorgadas por Washington.

Con esta postura, el Ejecutivo busca blindar jurídicamente los convenios energéticos, desmentir las versiones de tutela externa y asegurar el financiamiento directo de los presupuestos públicos destinados al aparato productivo e infraestructura del país. La estrategia oficial enfatiza que la gestión autónoma de los ingresos petroleros constituye una garantía indispensable para preservar el equilibrio fiscal, proteger la moneda nacional y sostener las políticas de desarrollo social sin subordinación a condicionamientos políticos extranjeros.

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