El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, compareció este jueves siete de mayo, en un pleno extraordinario del Congreso para condenar la detención del activista español Saif Abukeshek. El titular de Exteriores calificó de «inadmisible e inasumible» que las fuerzas israelíes abordaran una embarcación civil en aguas internacionales para trasladar a sus tripulantes a territorio israelí.

Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado hace una semana junto al activista brasileño Thiago de Ávila mientras transportaban ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. El ministro subrayó que este acto constituye una violación flagrante del derecho internacional, humanitario y de las normas más básicas que rigen la libre navegación marítima.

El Gobierno de España convocó nuevamente a la encargada de negocios de Israel en Madrid para trasladar una protesta formal y exigir la libertad inmediata de los ciudadanos retenidos. Albares informó que se mantiene una coordinación constante con el Gobierno de Brasil para ejercer presión diplomática y garantizar que los detenidos reciban la protección consular correspondiente.

La Fiscalía israelí acusa a los activistas de presuntos delitos de terrorismo y asistencia al enemigo, cargos que la defensa y las organizaciones legales rechazan categóricamente. Según los abogados de los detenidos, ambos han sufrido violencia física y psicológica durante su estancia en el Tribunal de Magistrados de Ashkelón, donde su arresto fue prorrogado.

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Durante la sesión parlamentaria, el ministro también expresó su preocupación por la escalada bélica regional y los ataques contra países como Jordania en el marco del conflicto con Irán. Albares exigió el respeto absoluto a los derechos humanos y aprovechó para reclamar la liberación de la Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, dado su crítico estado de salud.

Finalmente, el debate en el Congreso estuvo marcado por las críticas de la oposición, que acusó al Ejecutivo de realizar un uso partidista de la política exterior española. Mientras el Partido Popular cuestionó la falta de diligencia en otros casos de españoles detenidos en el extranjero, Albares defendió la actuación del Gobierno como una defensa coherente de la legalidad internacional.

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