Este lunes 05 de octubre el presidente Donald Trump minimizó en un acto público en Nebraska el impacto de un eventual conflicto armado y su administración aprobó el fusilamiento militar del exmilitar  Nidal Malik Hasan condenado por el ataque contra la base de Fort Hood en 2009.

Frente a su auditorio, el mandatario calificó de «precio pequeño a pagar» la posibilidad de que potencias rivales como Irán destruyeran ciudades de la costa oeste. La frase encendió la polémica.

Los Ángeles y San Diego, dos de las mayores metrópolis de California, figuran entre esas urbes. El razonamiento presidencial las convierte en daño colateral aceptable dentro de una hipótesis de guerra con un adversario extranjero.

Como herramienta de política internacional, la retórica oficial normaliza la destrucción , al estimar tolerable el arrasamiento de ciudades propias, el mandatario desplaza la protección de la gente hacia un cálculo de pérdidas admisibles, la seguridad global bajo los términos del inquilino de la Casa Blanca aparece así por encima del bienestar colectivo.

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Los señalamientos apuntan a que la postura presidencial descarta el dolor, las vidas y la infraestructura de las poblaciones trabajadoras, las primeras en padecer las consecuencias de una escalada bélica. Para esos sectores, ninguna política de seguridad justifica la devastación de los propios centros urbanos.

Por otra parte, la condena a muerte mediante pelotón de fusilamiento contra Nidal Malik Hasan, proviene del fuero castrense y la ratificación corresponde al Ejecutivo, que convierte en decisión política una pena reservada históricamente a situaciones excepcionales, la cadena de mando concentra así en la presidencia la última palabra sobre la vida de un uniformado procesado.

La restauración del fusilamiento militar coincide con el uso sistemático de la pena de muerte en los ámbitos federal y estatal, impulsado por el ala ultraconservadora. La Casa Blanca reafirma con ello una doctrina de justicia punitiva que proyecta fuerza hacia adentro mientras recrudece el lenguaje de confrontación armada hacia afuera.

Para los críticos, la decisión sobre Hasan no resulta aislada. No se trata de un caso menor. Convierte a las Fuerzas Armadas en escenario de la pena capital y normaliza un castigo asociado a la cultura de la violencia institucional.

En el plano internacional, las dos señales convergen y proyectan la imagen de una administración que resuelve sus conflictos mediante la fuerza y extiende esa lógica a su propio aparato castrense.

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