El ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó la suspensión de todos los procesos judiciales que cuestionan la medida provisional del Gobierno federal que prohibió las bets —apuestas en línea y casinos virtuales— en todo el territorio brasileño. La paralización seguirá vigente hasta que la Corte se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la norma.

La determinación de Fux responde a un pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), presentado el viernes 6. Dicha disposición busca evitar que tribunales de instancias inferiores adopten resoluciones contradictorias mientras el STF analiza la validez constitucional de la prohibición de las apuestas online.

El ministro afirmó que existe un “riesgo de inseguridad jurídica derivado de la posibilidad de múltiples decisiones en sentidos divergentes”. También consideró habilitar una actividad que calificó como de “elevado riesgo social”. La medida tiene carácter cautelar y deberá ser sometida a la aprobación del pleno del Supremo Tribunal Federal, integrado por todos los ministros de la Corte.

Pedido de la Procuraduría. Caso del TRF-3

El procurador general de la República, Paulo Gonet, sostuvo que tribunales de instancias inferiores venían aceptando solicitudes de empresas del sector para reanudar sus operaciones. Las empresas argumentaban que la medida provisional sería inconstitucional.

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Según Gonet, la intervención de los tribunales ordinarios antes de una definición del STF podría generar una “aplicación asimétrica de la norma respecto de sus destinatarios”. Esto crearía condiciones diferentes para empresas sujetas a una misma legislación. Uno de los episodios recientes involucró a la jueza federal de apelaciones Adriana Pileggi de Soveral, del Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (TRF-3), quien había autorizado la reanudación de las operaciones de tres casas de apuestas pertenecientes a la empresa CDA Gaming.

Posteriormente, el presidente del TRF-3 y juez federal de apelaciones, Luís Antonio Johonsom di Salvo, suspendió esa autorización tras un pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU).

Origen de la prohibición y posicionamiento del gobierno brasileño

La medida provisional que prohibió las bets en todo el país fue emitida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en septiembre. Tras su publicación, asociaciones vinculadas al mercado de apuestas recurrieron al STF para cuestionar la iniciativa del Gobierno. Las entidades sostienen que la interrupción de una actividad previamente legalizada viola principios constitucionales, entre ellos la seguridad jurídica, la libre competencia y el debido proceso legal. También cuestionan la interferencia de la norma en la autonomía administrativa de los estados.

Las apuestas deportivas o bets se han convertido también en una causa del endeudamiento récord de las familias en Brasil. El propio presidente las ha calificado de “enfermedad”, en medio de una creciente preocupación del Gobierno por el impacto social y económico de esta industria. El Ministerio de Salud advierte que las apuestas están asociadas a una carga sanitaria cada vez mayor, vinculada al trastorno del juego y a sus consecuencias sobre la salud mental y las relaciones personales.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2023 más de 28 millones de brasileños realizaron apuestas durante los 12 meses previos a la medición, mientras que 10,9 millones presentaban patrones de juego considerados de riesgo o problemáticos. El Gobierno señaló además que el riesgo de desarrollar dependencia es tres veces mayor entre personas en situación socioeconómica vulnerable y 150% mayor entre quienes participan en apuestas en línea.

El Ministerio de Salud advierte que el trastorno del juego puede relacionarse con ansiedad, depresión, pérdida de control, alteraciones del sueño y del estado de ánimo, conflictos familiares, aislamiento, deterioro de las relaciones personales y profesionales, así como un mayor consumo de alcohol y otras sustancias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la mortalidad por suicidio es 15 veces mayor entre las personas con trastorno del juego. En ese mismo contexto, la organización señala que las dificultades económicas constituyen el principal factor asociado al suicidio entre quienes apuestan. Ante esta situación, el Gobierno brasileño enfrenta el desafío de regular una industria que financia al fútbol, pero que, según las autoridades, profundiza el endeudamiento y agrava los riesgos sanitarios y sociales de millones de familias.

Rol de Luiz Fux y próximos pasos

Los procesos fueron asignados al ministro Luiz Fux, quien ya era relator de causas relacionadas con los juegos de azar y con la legislación que reguló las apuestas online en Brasil. La semana pasada, el magistrado decidió convocar una audiencia pública para reunir información y posicionamientos de representantes del Gobierno, del sector de las apuestas y de otras áreas involucradas en el debate.

El Congreso tiene hasta marzo de 2027 para aprobar o rechazar la medida. La Corte Suprema realiza audiencias y juzgará los recursos que solicitan el retorno de las apuestas. Desde la prohibición de las llamadas bets, diferentes estudios muestran una recuperación de la economía de las familias y los comercios. La decisión mantiene la suspensión de los procesos y deja pendiente la definición del STF sobre la constitucionalidad de la norma.

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