Transportistas bolivianos se declararon en emergencia este jueves por los bloqueos que mantienen los camioneros de Chile, país vecino con quien comparten rutas que han sido bloqueadas por los chóferes chilenos por el alza de los precios del combustible.

Estas protestas ya suman tres jornadas consecutivas y es que desde el martes los transportistas chilenos han tomado las rutas para hacerse escuchar ante el reclamo del aumento del combustible.

Por su parte, Álvaro Ayllón, presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) ubicó el centro del conflicto en los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta, por donde circula el comercio exterior de Bolivia.

A través de una rueda de prensa, el dirigente puntualizó que, «no existe acceso a los puertos y tampoco pueden ir a los puntos de descarga».

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En la nación del altiplano, permanecen detenidos más de 400 vehículos de carga con mercadería de exportación hacia Chile, aseguró Ayllón.

Además, aseguró que el gremio se comunicará con la Cancillería para abrir «un diálogo con las autoridades» chilenas, con la finalidad de que «garanticen que los camiones que están cargados puedan salir», una gestión que busca reabrir el paso de la mercancía retenida.

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A las declaraciones se suma, Marcelo Cruz, dirigente de los transportistas de Santa Cruz, quien aseguró que cada día sin ingreso a los puertos de Iquique y Arica genera una multa de 2.000 bolivianos diarios, es decir, unos 170 dólares.

Puesto que Chile carecer de un sistema ferroviario de carga, prácticamente todos los traslados se hacen por carretera, una dependencia que explica por qué los cortes de ruta generan alteraciones tan amplias en las cadenas de suministro.

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Las manifestaciones son encabezadas por organizaciones de pequeños y medianos camioneros y transportadores de casi todas las regiones del país, bloqueos que se instalaron sobre las rutas internacionales.

La crisis de los carburantes inició en marzo, cuando el presidente chileno, José Antonio Kast, decidió entonces no recurrir a un mecanismo estatal que neutraliza el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

La noche del miércoles, el Ejecutivo chileno anunció la congelación del precio de los combustibles durante tres meses, medida que los manifestantes consideran insuficiente y exigen que el plazo sea de 120 días, además de la eliminación transitoria del impuesto específico a los carburantes y la revisión de los peajes de las autopistas.

La emergencia declarada por los transportistas bolivianos se mantiene mientras la flota siga sin poder ingresar a los puertos, puesto que el flujo de exportación, que depende de esos terminales, sigue interrumpido.

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