Representantes de organizaciones sindicales de Perú salieron a las calles para expresar su rechazo a la política antilaboral promovida por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que las medidas contempladas en un borrador de solicitud de facultades legislativas podrían recortar derechos laborales y profundizar la precarización del empleo.

Los integrantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) realizaron una movilización preventiva luego de conocer el contenido de un documento que, aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, incluiría disposiciones relacionadas con el ámbito laboral.

Cristian Haro, secretario de Defensa del sindicato de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), explicó que la protesta busca defender las condiciones laborales tanto de quienes trabajan para el Estado como de los empleados del sector privado. Según señaló, el proyecto plantea cambios que podrían debilitar beneficios adquiridos y afectar la estabilidad en los puestos de trabajo.

Los sindicatos cuestionan especialmente la posibilidad de que las futuras facultades legislativas permitan introducir modificaciones que reduzcan beneficios como las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS).

Gustavo Minaya, secretario adjunto de la CGTP, advirtió que una eventual reducción de estos beneficios podría generar distintos niveles de desprotección entre los trabajadores. A su juicio, no debería establecerse una estructura en la que empleados que realizan funciones similares tengan derechos laborales diferentes.

Desde el ámbito académico y especializado también han surgido cuestionamientos. Expertos sostienen que las propuestas podrían reducir las garantías para los trabajadores, disminuir los costos asociados a la contratación y aumentar la precariedad dentro del empleo formal.

El exministro de Trabajo Fernando Cuadros cuestionó, por su parte, el argumento de que Perú enfrenta un exceso de rigidez laboral y elevados costos para las empresas. expresó “¿Cómo puede haber rigidez en un país donde el 70% de trabajadores formales del sector privado, 72% para ser exactos, tienen un contrato temporal?”, expresó.

Aseguró que esa interpretación no se corresponde con la realidad del mercado laboral y señaló que alrededor del 72 por ciento de los trabajadores formales del sector privado cuenta con contratos temporales.

De acuerdo con Cuadros, esta situación limita la estabilidad laboral y dificulta que los trabajadores puedan organizarse sindicalmente o negociar de manera colectiva mejores condiciones de empleo. También rechazó que los costos laborales peruanos sean particularmente elevados en comparación con otros países de la región, especialmente si se considera que los salarios nacionales se encuentran entre los más bajos.

En cuanto a la remuneración mínima, los representantes sindicales valoraron positivamente la posibilidad de elevar el salario mínimo, aunque consideraron insuficiente que los incrementos dependan de decisiones ocasionales del Gobierno.

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Luis Isarra, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado (FENTAP), sostuvo que debería establecerse un mecanismo técnico que permita actualizar de manera periódica y previsible la remuneración mínima vital. Asimismo, cuestionó que el debate vuelva a trasladarse al Consejo Nacional de Trabajo, debido a la oposición que históricamente han mostrado los empresarios frente a los aumentos salariales.

La movilización se produce en un contexto de preocupación por el aumento de los precios y mientras las organizaciones de trabajadores buscan ejercer presión para que cualquier modificación de la legislación laboral preserve las garantías existentes y permita mejorar progresivamente los ingresos de los empleados.

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