Sectores de la sociedad peruana rechazaron la excarcelación de ocho militares que cumplían prisión preventiva por el presunto delito de homicidio calificado contra cinco jóvenes, a quienes asesinaron el 25 de abril pasado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica (sur). Las víctimas eran cuatro peruanos y un colombiano, todos vinculados a actividades deportivas o culturales. Fueron privados de la vida en una zona perteneciente al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 

Los uniformados estaban presos desde junio, cuando la Fiscalía les inició investigación por uso excesivo de la fuerza y homicidio mientras se encontraban en un retén. Inicialmente declararon que dispararon al auto en que viajaban los jóvenes asesinados tras la supuesta negativa a detenerse y la sospecha de que trasladaban drogas. Las primeras indagaciones negaron esa versión, pues en el auto no se hallaron armas de fuego ni narcóticos.

Tras un fallo de la Sala Penal de Apelaciones de Junín, el Ministerio Público les permitió seguir la indagación en libertad, por lo que el 7 de agosto pasado salieron del penal de Huancayo, en los Andes.

En declaraciones a Telesur, el secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Germán Vargas, exigió que la investigación de un crimen de esa magnitud se realice mediante un procedimiento más acelerado y estricto, que permita depurar responsabilidades entre los integrantes de esta patrulla del Ejército.

Para expertos, se trata de un hecho grave, pues los militares dispararon de manera injustificada y no se hallaron indicios de actividad criminal.

A juicio de la senadora de Ahora Nación (centroizquierda), Mirtha Vásquez, «la prisión preventiva estaba bien justificada», pues los militares alteraron pruebas de la escena donde sucedieron los hechos, sembraron un testimonio falso y han obstaculizado la justicia. Alertó sobre la posibilidad de que ahora, en libertad, puedan evadir la acción penal.

La oposición exige coherencia al fujimorismo: por un lado el expresidente interino del Congreso, hoy senador Fernando Rospigliosi, promueve leyes que favorecen la impunidad de policías y militares, mientras por otro su lideresa, la mandataria Keiko Fujimori, dice que respetará el sistema de justicia.

En opinión de Jaime Quito, senador de Juntos por el Perú (izquierda), la única acción que corresponde es hacer justicia con las familias y ofrecer una respuesta clara a la ciudadanía sobre cómo operan las FF.AA. y cómo realmente hacen frente al narcotráfico. Rechazó las insinuaciones de Rospigliosi sobre una presunta politización del caso y se opuso a cualquier intento de distraer la atención sobre graves violaciones cometidas para impedir la acción judicial.

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Otros expertos consultados consideran que lo ocurrido es una señal de impunidad promovida por el fujimorismo, que busca flexibilizar las sanciones a los malos militares involucrados en graves delitos contra la vida.

También estamos demandando desde un primer momento que los testigos sean protegidos. Están expuestos. Los propios militares que participaron en este crimen deben someterse a alguna medida de precaución para evitar la fuga de algunos de ellos, añadió Germán Vargas.

Los entrevistados coinciden en señalar que todas las leyes proimpunidad y procrimen han de ser derogadas por el Congreso bicameral y que el asesinato de estos cinco jóvenes no puede quedar impune.

Familiares y allegados de los jóvenes asesinados exigen una investigación imparcial y justicia, rechazando las acusaciones que los vinculan con actividades ilícitas en la mayor cuenca cocalera del país. Mientras avanzan las diligencias, pobladores de Tayacaja organizaron jornadas de protesta y bloqueo de vías para demandar transparencia en el informe final de las autoridades.

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