El diario israelí Haaretz reveló que 7.241 soldados y oficiales fueron dados de baja de las fuerzas armadas por afectaciones psicológicas durante el primer año de la guerra genocida contra el pueblo palestino, una cifra que, según fuentes militares citadas por el propio medio, representa el nivel más elevado registrado hasta ahora dentro de las fuerzas de ocupación.

De acuerdo con la publicación, el Ejército israelí ha evitado divulgar de forma transparente estos datos, pese a solicitudes formales realizadas por el periódico al amparo de la Ley de Libertad de Información.

Haaretz indicó que presentó una petición oficial en junio de 2025 para acceder a estadísticas completas sobre bajas por motivos psicológicos, pero la institución castrense incumplió los plazos legales de respuesta y prolongó reiteradamente la entrega de información.

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Según antiguos oficiales de la Dirección de Personal y de la oficina del vocero militar consultados por el diario, existe una práctica sistemática orientada a retrasar o restringir la publicación de cifras que puedan perjudicar la imagen del alto mando o exponer dimensiones incómodas de la crisis interna.

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Fuentes vinculadas a esa estructura señalaron que el manejo de estadísticas dentro del aparato militar puede utilizarse para minimizar públicamente fenómenos sensibles, entre ellos el deterioro de la salud mental de los efectivos, mientras se agiliza la difusión de datos cuando estos resultan útiles para contrarrestar cuestionamientos políticos o mediáticos.

Desde el inicio del exterminio en Gaza, el Ejército israelí habría enfrentado un volumen sin precedentes de casos de trauma psicológico, crisis emocionales severas y agotamiento extremo entre sus tropas, especialmente tras las operaciones posteriores al 7 de octubre de 2023, las cuales provocaron hasta el momento 72.612 muertos y 172.457 heridos, sin contar los cuerpos que permanecen bajo los escombros.

Haaretz reportó que numerosos soldados desplegados en zonas próximas a Gaza manifestaron cuadros psicológicos graves y aseguraron no estar en condiciones de volver al combate, lo que obligó a ampliar de manera considerable la red de oficiales de salud mental y a crear centros especializados para atender a militares afectados.

No obstante, el medio sostiene que, paralelamente a esa expansión de recursos, las autoridades militares han procurado evitar la exposición pública de los casos más severos, incluido el aumento de suicidios hasta finales de 2024, cifras que tampoco habrían sido incorporadas a informes oficiales.

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Tras nuevas presiones judiciales impulsadas por el diario y por la asociación Hatzlaha (organización voluntaria de servicios médicos de emergencia), el ejército ocupante aceptó divulgar parcialmente el número de bajas psicológicas, aunque se negó a especificar cuántos de los 7.241 licenciados pertenecían a unidades de combate.

Además, el periódico informó que miles de soldados en servicio activo fueron trasladados desde funciones de primera línea hacia labores logísticas o de retaguardia debido a la presión psicológica acumulada, mientras fuentes militares sostienen que la dimensión real del fenómeno podría ser aún mayor que la reconocida oficialmente.

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