El aumento de las protestas populares en Haití ha puesto de manifiesto el profundo descontento de la población con el Gobierno de Alix Didier Fils-Aimé, respaldado por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Las protestas que se han intensificado desde el primero de mayo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional del Trabajador, se caracterizó por movilizaciones que denunciaron la falta de mantenimiento de la infraestructura nacional, exigieron mejoras en la calidad de vida, un aumento del salario mínimo de 3.000 gourdes diarios (22,92 dólares), así como la dimisión del presidente del país, entre otros reclamos.  

Gran parte de las movilizaciones se producen de forma descentralizada e incluso con características espontáneas. Esto sucede a causa del elevado índice de informalidad en el país, que alcanza casi el 90 por ciento de los trabajadores, lo que dificulta la articulación a través de representaciones de categoría como los sindicatos.

Los movilizados denunciaron además cosas sencillas que, a la vez, son muy graves, como lo que consideran incapacidad de la policía para garantizar la seguridad e intervenir en los conflictos que afectan a las carreteras de todo el país, donde se producen emboscadas y situaciones peligrosas.

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Las agrupaciones delictivas han aumentado su influencia en el último año, alcanzando provincias a parte de la capital, en medio de conflictos con las fuerzas del orden, compañías privadas y grupos de «defensa propia», los cuales entre marzo de 2025 y enero de el año en curso 2026, causaron 5.519 fallecidos y 2.608 heridos.

Con relación a las demandas de un aumento salarias, la víspera, el Gobierno haitiano anunció que el salario pasaría de 685 a 1000 gourdes diarios (7,63 dólares), en un intento de mitigar el impacto de la crisis. Según expresó el ministro haitiano de Economía y Finanzas, Serge Gabriel Collin, el cambio se «extenderá de manera progresiva a todos los segmentos implicados, esto con el objetivo de mantener el equilibrio y la sostenibilidad» de la población.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa la facultad del Gobierno de Donald Trump para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que afecta a 360.000 ciudadanos de Haití y Siria. Los solicitantes acusan a la Administración de aplicar políticas discriminatorias.… pic.twitter.com/QIPXMTRBel

— teleSUR TV (@teleSURtv) April 29, 2026

Otro indicador crítico de la erosión del apoyo político es una carta conjunta firmada por diversas empresas, incluida la distribuidora de Coca-Cola. En el documento, el sector privado denuncia la incapacidad de la policía para garantizar la seguridad e intervenir en los conflictos que afectan las carreteras, donde ocurren emboscadas constantes.

“Denuncian cosas muy concretas, lo que indica que están perdiendo el apoyo del Gobierno”. advirtiendo que estos actores, antes aliados clave del ejecutivo, ahora exponen públicamente el colapso de la seguridad y la gestión estatal. Todo esto se desarrolla en medio de tensiones en el país debido al impacto de la subida de precio del petróleo que, sumado a la crítica situación por la violencia de las bandas armadas, ha profundizado un nivel de crisis en la sociedad haitiana.

Empresarios de Haití alertan: inseguridad amenaza transición y economía

La Asociación de Empresas Haitianas (ADIH) instó al Gobierno a restablecer de inmediato la seguridad nacional, gravemente afectada por la acción de pandillas criminales en todo el país. La entidad empresarial, en un comunicado, enfatiza la urgencia de retornar a la normalidad para evitar el fracaso del proceso de transición que busca rescatar la institucionalidad en la nación caribeña.

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La asociación, cuyos miembros son considerados «aliados naturales» del primer ministro, aclaró que esta advertencia se emite «una vez más» ante la crítica escalada de ataques de las pandillas, especialmente en el área metropolitana, la norteña Artibonite y la región Central de Haití.

Adicionalmente, cuatro importantes empresas enviaron una carta a Fils Aimé alertando sobre la grave situación en estas zonas, que concentran una alta actividad económica. La misiva detalla que «es ahora imposible transitar con normalidad» por estas áreas.

La carta insiste en que, «cuando un corredor tan sensible y estratégico se vuelve tan intransitable que ni siquiera los vehículos blindados pueden circular con seguridad, deja de ser un problema temporal». Las empresas afirman que esta situación «constituye una interrupción de facto de una zona vital para la seguridad nacional, la actividad económica y la continuidad territorial».

La ADIH, que representa a miles de empleos directos e indirectos y está entre los mayores contribuyentes del país, reiteró su rechazo a «tal estado de abandono y deterioro en las zonas donde operan, emplean, producen y contribuyen significativamente a los ingresos públicos». La organización haitiana subraya la necesidad impostergable de medidas contundentes para garantizar la estabilidad y el desarrollo de la nación.

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