Multitudinarias manifestaciones estallaron en 8 provincias de Siria tras la entrada en vigor de incrementos de hasta un 40 por ciento en el diésel y un 28 por ciento en la gasolina. Las acciones de calle se extendieron por Alepo, Idlib, Hama, Rif Dimashq, Deraa, Raqqa, Deir Ezzor y Hasakeh, y representan una de las mayores olas de descontento social registradas en la nación.

Durante las jornadas, los manifestantes incendiaron neumáticos y cortaron el paso en autopistas estratégicas como la ruta M5, la vía Alepo-Damasco y el tramo Gaziantep-Alepo. Las movilizaciones provocaron la paralización del transporte público y bloquearon el tránsito de camiones cisterna destinados al traslado de crudo.

Las autoridades sirias justificaron la medida señalando que el ajuste tarifario responde a un aumento temporal en los costos globales de adquisición de combustibles y a la escasez de productos refinados. Sin embargo, diversos sectores sociales exigen la restitución de los subsidios y la destitución de los responsables de las carteras económicas.

La crisis de suministro energético se ve agravada por la diferencia entre la demanda interna, estimada en 300.000 barriles diarios, y una producción nacional de apenas 100.000 barriles por día. Esta brecha obliga a depender de importaciones en medio de paradas de mantenimiento en infraestructuras clave como la refinería de Banias (gobernación de Tartus, en las costas del Mediterráneo, oeste).

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El encarecimiento de los derivados petroleros se enmarca en un contexto de tensiones internacionales que repercute negativamente en los costos de transporte y la economía doméstica. De acuerdo con datos de medios y organismos multilaterales, el 90 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza, lo que eleva el temor a un encarecimiento generalizado en los alimentos de primera necesidad.

Fuerzas de seguridad actuaron para despejar vías en varias ciudades, y se registraron momentos de tensión al intentar dispersar los bloqueos en el norte y este del país. La ciudadanía mantiene el reclamo de soluciones estructurales para detener el continuo deterioro de las condiciones de vida y estabilizar el costo de los servicios.

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