La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa, Sophie Binet, convocó a una nueva jornada nacional de huelga y marchas para el próximo 17 de noviembre, al considerar insuficientes las propuestas del Gobierno.

Tras una reunión del ejecutivo con sindicatos y la patronal, Binet llamó a trabajadores, jubilados y jóvenes a paralizar actividades, confirmando además su respaldo a la movilización estudiantil y exigiendo respuestas a sus reivindicaciones.

La convocatoria surge después de que el primer ministro francés, Sebastien Lecornu, anunciara el adelanto de la subida del salario mínimo (Smic) de enero a diciembre. El ministro del Trabajo, Jean-Pierre Farandou, detalló un incremento del 1,6%, situando el salario mínimo mensual en 1.502 euros netos, lo que supone un aumento de 24 euros respecto al nivel actual que se mantenía desde junio.

Sin embargo, la dirigencia sindical rechazó la medida. Binet calificó el aumento de «migajas» y «limosna», denunciando que el incremento real será de apenas cinco euros, equivalente al precio de un kilo de tomates.

Marylise Léon, secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), estimó que la subida es «insuficiente» y reclamó acelerar las negociaciones salariales en un plazo de dos semanas para garantizar que ningún mínimo quede por debajo del Smic.

La líder de la CGT alertó sobre la precariedad estructural, señalando que 122 de las 260 ramas profesionales mantienen mínimos salariales por debajo del Smic, una situación ilegal. Además, indicó que 850.000 empleados públicos cobran por debajo del mínimo, perdiendo un 20 por ciento de valor tras el congelamiento del índice salarial de la función pública durante la última década. Binet criticó que las sanciones a las empresas incumplidoras no llegarían hasta 2028.

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El malestar social también se dirige contra el proyecto presupuestario para 2027, que podría reducir drásticamente los ingresos de las familias. Según la dirigente sindical, el ajuste contempla una disminución promedio de 250 euros en las pensiones, 600 euros en los salarios de los funcionarios, 150 euros en prestaciones familiares y 110 euros en ayudas a la vivienda, sumado a 100 euros más en mutuas sanitarias y 200 euros para la formación. Frente a esto, el Ejecutivo prepara nuevas exenciones fiscales para horas extraordinarias que benefician al empresariado y restan recursos a la protección social.

Este clima de tensión se enmarca en una ola de manifestaciones que iniciaron por la falta de financiación educativa y escalaron hasta los disturbios del 17 de octubre en las principales ciudades. La pérdida de poder adquisitivo, agravada por los elevados precios del combustible debido a la guerra en Oriente Medio, domina la preocupación ciudadana en un contexto político donde se avecinan las elecciones de abril y mayo para elegir al sucesor de Emmanuel Macron, con la ultraderechista Marine Le Pen liderando los sondeos.

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