El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana dictó una sentencia calificada de histórica al condenar a 29 de los 36 imputados procesados en los casos de corrupción administrativa conocidos como operaciones Coral y Coral 5G.

Tras una extensa audiencia que inició la tarde del lunes 15 de junio y culminó a altas horas de la madrugada de este martes 16 de junio de 2026, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo validaron las pruebas del Ministerio Público que demostraron la existencia de una red criminal que desvió fondos estatales entre los años 2012 y 2020.

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La plana mayor de esta estructura recibió las sanciones más severas del tribunal. Los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), y Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), junto al coronel Rafael Núñez de Aza, recibieron una condena de 20 años de reclusión mayor y la imposición de una multa de 400 salarios mínimos.

Asimismo, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo De los Santos Viola y la ciudadana Rossy Maybelline Guzmán Sánchez fueron sentenciados a 15 años de prisión, debiendo pagar penalizaciones económicas de 400 y 300 salarios mínimos respectivamente a favor del Estado dominicano.

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La investigación penal acreditó de forma pormenorizada el esquema delictivo mediante el cual los encartados sustraían recursos públicos directamente de las nóminas del Cusep y del Cestur, dinero que posteriormente utilizaban para la adquisición ilícita de bienes.

Además de los altos mandos, el dictamen judicial impuso penas de 10, 5 y 3 años de cárcel a otros oficiales, técnicos y empleados bancarios que facilitaron las transacciones ilegales, decretando en paralelo la disolución y sanción económica de seis corporaciones comerciales utilizadas para el blanqueo del capital sustraído.

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El procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, quien lideró la acusación junto a la magistrada Mirna Ortiz de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), enfatizó que esta decisión constituye una victoria ejemplar en la labor de empujar las fronteras de la impunidad en el país.

Por su parte, la presidencia del tribunal rechazó las solicitudes de las defensas que pretendían declarar la extinción de la acción penal, alegando que el proceso judicial transcurrió con total normalidad y sin dilaciones injustificadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada oficialmente para el próximo 14 de agosto de 2026.

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