Más de 20 organizaciones civiles en Taiwán emitieron una declaración conjunta en la que se oponen enérgicamente al intento de las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD) de disolver el Partido de Promoción de la Unificación de China, lo que califican de alarmante para las libertades democráticas y el pluralismo político en la isla.

Los grupos firmantes, entre los que figuran el Partido Laborista de Taiwán y el Foro para el Desarrollo Pacífico a través del Estrecho, señalaron que esta medida es una señal peligrosa de que las autoridades del PPD están abusando de su poder para reprimir a rivales políticos, por lo que exigieron la anulación inmediata de la solicitud de disolución por constituir un ataque directo a los cimientos constitucionales de la convivencia democrática.

Los portavoces de las organizaciones acusaron a autoridades del PPD de estigmatizar a los grupos que apoyan la reunificación como «agentes de fuerzas externas» simplemente porque tienen diferencias políticas, y calificaron la medida de persecución política. Según los firmantes, buscan deslegitimar el debate público y acallar de manera arbitraria posturas disidentes legítimas.

Ante la gravedad del panorama judicial y político, el pronunciamiento trasciende la defensa de un partido en específico y convoca a la ciudadanía a involucrarse en la defensa de los derechos fundamentales. Asimismo, en la declaración hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se oopongan a la persecución judicial.

La advertencia busca movilizar a la opinión pública frente a lo que consideran una deriva autoritaria que vulnera el derecho a la libre asociación y expresión.

Los colectivos insistieron en que la estabilidad regional y el bienestar socioeconómico dependen fundamentalmente de la concordia y el entendimiento mutuo. Destacaron que el desarrollo pacífico de relaciones entre ambos lados del estrecho está íntimamente relacionado con el sustento de las personas comunes en Taiwán y que los intercambios habituales entre civiles a través del estrecho no deben ser estigmatizados sistemáticamente. En esta línea, argumentaron que criminalizar los vínculos comunitarios y económicos perjudica directamente a la población local.

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Del mismo modo, el texto enfatiza la necesidad de que la administración en el poder reoriente sus prioridades hacia las necesidades reales de los ciudadanos en lugar de priorizar disputas partidarias. Las organizaciones también instaron a las autoridades a detener las maniobras políticas y centrarse en atender los desafíos sociales y económicos. Para los críticos, problemas acuciantes como el costo de vida, el empleo y el bienestar social requieren la atención plena del gobierno.

A su vez, las agrupaciones estructuraron sus demandas en ejes concretos orientados a salvaguardar las garantías constitucionales y promover un clima de respeto mutuo, incluyendo defender el principio de que abogar por la reunificación no es un crimen, rechazar la confrontación y la división, y centrarse en el nivel de vida de las bases. Con estos puntos, los firmantes buscan establecer un límite claro frente a lo que perciben como una estrategia de polarización institucional.

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