Un sector de la sociedad civil británica prepara una nueva demostración de desobediencia masiva para el próximo 31 de octubre frente a la embajada de Estados Unidos en Londres. La movilización busca expresar el rechazo a la prohibición gubernamental contra el grupo activista Palestine Action, una medida que ha derivado en más de 3.850 detenciones desde que fue catalogada como organización «terrorista» en julio de 2025.

​Los organizadores prevén una acción paralela frente al consulado estadounidense en Edimburgo (Escocia, norte), coordinada por la plataforma Defend Our Juries, en lo que califican como un acto de defensa de los derechos fundamentales de libertad de expresión.

​Las protestas tendrán lugar apenas tres días después de que concluya el juicio en el Tribunal Superior de Glasgow contra los manifestantes vinculados a un ataque con aerosol en el campo de golf Turnberry, ubicado en la región de Ayrshire, en la costa suroeste de Escocia, propiedad de Donald Trump. La Fiscalía intenta que los acusados sean condenados bajo cargos de terrorismo.

​La elección de la embajada estadounidense como epicentro de la protesta responde a indicios de injerencia y presión política exterior en la decisión tomada por el sistema judicial británico. La prohibición de Palestine Action se precipitó tras el sabotaje al complejo de golf de Trump en Escocia, calificado por el mandatario estadounidense como “terrorismo” en su plataforma Truth Social.

​Documentos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información revelaron que el exprimer ministro Keir Starmer (2024-2026) y Trump mantuvieron conversaciones telefónicas en marzo de 2025 para abordar las detenciones y el avance policial. 

Asimismo, el hijo del presidente estadounidense, Eric Trump, se reunió con el ministro principal escocés, John Swinney, para tratar el caso de Turnberry. Semanas después de que la Fiscalía escocesa endureciera su postura contra los activistas, Washington designó formalmente a Palestine Action como organización terrorista.

​Pulso decisivo en el Tribunal Supremo y un récord de detenciones

​El calendario de protestas coincide con un momento crucial en los tribunales. El Tribunal de Apelación falló en junio a favor del Gobierno, revocando un dictamen previo del Tribunal Superior que había declarado ilegal la prohibición.

​Ante este escenario, los días 4 y 5 de noviembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido examinará el recurso presentado por Huda Ammori, cofundadora del grupo, un proceso que, según Defend Our Juries, se ha visto obstaculizado por sanciones financieras que impidieron recaudar fondos para la defensa.

​El coste humano de la medida se refleja en las cifras: más de 3.850 personas han sido arrestadas por expresar apoyo público al movimiento. Entre los detenidos figuran personalidades de diversos ámbitos, como: ​Rob del Naja, integrante de la banda Massive Attack; ​Margaret Owen, abogada de derechos humanos de 94 años; Jonathan Porritt, exasesor gubernamental, y la reverenda Sue Parfitt, además de numerosos ciudadanos como Teresa, una exmaestra procesada en múltiples ocasiones.

​Críticas internas, doble rasero y el impacto en la cultura

​La medida judicial ha generado fracturas políticas y críticas por supuestos vacíos de aplicación. Figuras del gobernante Partido Laborista, como la exportavoz Shami Chakrabarti, instaron al Ministerio del Interior a levantar la prohibición. En declaraciones a la emisora LBC, la referente política advirtió que la norma “ridiculiza” la ley antiterrorista y carece de la excepcionalidad requerida.

​El malestar también se extiende al ámbito cultural y político. A través de una carta publicada en la portada de la revista New Statesman y firmada por actores como Paul Mescal, Jessie Buckley y Susan Sarandon, junto al exfutbolista y presentador deportivo Gary Lineker, se exigió al actual primer ministro Andy Burnham derogar la legislación «draconiana».

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​La prohibición paralizó de forma colateral la comercialización en el Reino Unido de los libros de la novelista irlandesa Sally Rooney, abierta simpatizante de Palestine Action.

​Se han señalado contradicciones en la aplicación de la ley, como el caso de la escritora Sarah Helm —esposa del asesor de seguridad nacional Jonathan Powell—, quien manifestó públicamente su apoyo a Palestine Action sin que la Policía Metropolitana tomara medidas en su contra.

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