La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una petición formal para condenar al exdiputado Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción judicial. La entidad sostiene que el exlegislador ejerció presiones externas para favorecer los intereses políticos de su padre, el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2023).

La solicitud se fundamenta en los alegatos finales del procurador general, Paulo Gonet, quien determinó que el acusado incurrió en conducta criminal al amenazar a autoridades brasileñas. El proceso examina las gestiones de Eduardo Bolsonaro ante funcionarios de los EE.UU. para promover sanciones internacionales contra ministros del Gobierno y magistrados del STF, así como impulsar aranceles a exportaciones nacionales.

El máximo tribunal evaluó que las maniobras de Eduardo Bolsonaro buscaron alterar el curso de las investigaciones penales sobre el intento de golpe de Estado por el que su padre fue condenado a 27 años de cárcel.

Según el procurador, el exdiputado empleó redes sociales y medios de comunicación para presionar a integrantes del STF e interferir en el juicio por el intento golpista del 8 de enero de 2023, cuando partidarios del bolsonarismo irrumpieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia (Congreso, Supremo Tribunal Federal y Palacio del Planalto), para impedir la juramentación presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Gonet indicó que la estrategia del exdiputado buscaba forzar la liberación de su padre mediante coerción judicial.

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Las investigaciones confirman que se realizaron amenazas deliberadas contra responsables del proceso, algunas de las cuales se materializaron. La PGR añadió que los efectos económicos derivados de las medidas arancelarias impactaron directamente en sectores exportadores brasileños, afectando a trabajadores ajenos a los litigios.

Desde el año pasado, Eduardo Bolsonaro reside en EE.UU. y perdió su escaño en la Cámara de Diputados por ausencias reiteradas. Fue representado por la Defensoría Pública, que invocó la inmunidad parlamentaria para proteger sus declaraciones.

No obstante, la PGR argumenta que las conductas sobrepasaron los límites políticos y buscaron intimidar a magistrados mediante presiones foráneas.

El STF y la Policía Federal mantienen abiertas las pesquisas sobre ataques a instituciones democráticas y financiación de acciones violentas relacionadas con los resultados electorales de 2022.

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