El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, recrudeció en los últimos días las medidas para frenar la inmigración con prohibiciones de viajes, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y revocaciones masivas de permisos, en medio de un récord de deportaciones.

El miércoles, el Departamento de Estado suspendió temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, luego de que una jueza federal de Nueva York anulara la suspensión de los visados para ciudadanos de 75 países decretada por la Administración.

El mandatario estadounidense también impuso fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares para personas de 50 países, en su mayoría africanos, para visados de turismo y negocios, y que también incluye Cuba, Venezuela y Nicaragua, retomando su política de «carga pública» de su primera administración. Con esta busca negar la residencia permanente (la greend card) a inmigrantes que podrían depender de las ayudas del gobierno.

La Administración Trump sumó esta semana una traba más para el ingreso de trabajadores calificados. Quienes aspiren a la visa H-1B, reservada por lo general a profesionales de la tecnología y la ingeniería, deberán desembolsar una fianza de 100.000 dólares.

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La política migratoria alcanzó también a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) , que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y a miles de personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esa categoría les permitía vivir y trabajar en el país sin ser deportadas.

El Ejecutivo evalúa, además, cancelar las visas de negocios y turismo a los extranjeros que hayan solicitado asilo después de ingresar a Estados Unidos. De concretarse, la medida golpearía a quienes usaron un permiso de entrada para luego pedir protección.

Este jueves, el Gobierno presentó una demanda contra leyes estatales de Arizona, Nuevo México, Oregon y Washington. Esas normas permiten a las universidades ofrecer matrículas con descuento y ayuda financiera a estudiantes sin estatus migratorio. La impugnación apunta a frenar ese beneficio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio la cifra mensual de detenciones más alta del segundo mandato de Trump, con 49.571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.

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Esas acciones han generado cientos de demandas sin precedentes de organizaciones de todo el país, encabezadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

El rechazo a la inmigración irregular acompañó la carrera de Trump desde antes de llegar a la Casa Blanca. En 2015, al anunciar su aspiración presidencial, pronunció un discurso xenófobo que causó gran controversia y en el que afirmó que México enviaba a Estados Unidos crimen, drogas y violadores.

Ya en 2017, recién instalado en el poder, firmó órdenes ejecutivas que prohibieron por 90 días la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y suspendieron de forma indefinida el programa de admisión de refugiados sirios. También autorizó la construcción del muro fronterizo, tal como lo había prometido.

En el segundo mandato la ofensiva se intensificó. Trump impulsó lo que llamó «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos» y suspendió temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, con el argumento de que el personal consular necesita entrenamiento sobre nuevos procedimientos.

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