El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que permite el bloqueo inmediato de recursos financieros provenientes de apuestas ilegales y de compañías de apuestas de cuotas fijas que operan de forma irregular en el mercado con el fin de combatir el crimen organizado.

En este sentido, el dinero será transferido al Fondo Nacional de Seguridad Pública para ser utilizado en la lucha contra el crimen organizado, tras la congelación por parte de los bancos y el fin de un proceso legal.

El Decreto nº 13.033/2026 fue publicado en una edición extra del Boletín Oficial Federal y de acuerdo con el Ministerio de Finanzas, la medida fue posible por la aprobación parte del Congreso Nacional, de la Ley Anti-Facciones.

Uno de los mecanismos previstos es la “confiscación de bienes”.

De acuerdo al Ministro de Finanzas, Dario Durigan, desde 2025, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Finanzas ha solicitado a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que bloquee casi 50 sitios de apuestas ilegales, bajo la responsabilidad de unos 350 operadores, también bloqueados.

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“Estos 350 operadores utilizaron 37 instituciones financieras, en general, fintechs e instituciones de pago con baja supervisión”, dijo Durigan.

Asimismo precisó que “¿qué nos permitió la Ley Anti-Facciones? (…) Un nuevo documento, que será verificado por la SPA, se enviará directamente a bancos e instituciones financieras con el conocimiento del Banco Central. Una vez que la entidad financiera recibe esta nueva notificación, la obligación legal entra en vigor y la entidad financiera debe bloquear todas las cuentas que haya identificado donde hayan pasado los recursos de estas apuestas ilegales. Es un bloqueo administrativo inmediato”.

“Extendemos esta responsabilidad conjunta, evidentemente para disuadir a las instituciones financieras de albergar estas apuestas ilegales, dado que hoy el mercado está muy bien regulado por la SPA. Así que, la apuesta que no tiene autorización es claramente ilegal, no debería tener este refugio frente a las instituciones financieras”, dijo Durigan.

La secretaría notifica a las entidades financieras y de pago que bloqueen, en un plazo de 24 horas, las cantidades existentes en las cuentas relacionadas con la empresa irregular y que detengan nuevas transacciones.

Dichas instituciones deben informar del cumplimiento de la medida en un plazo de 48 horas.

El Banco Central también será notificado simultáneamente para supervisar la ejecución.

La iniciación y conducción de los procedimientos administrativos será responsabilidad de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que notificará a la parte implicada la presentación de una defensa.

Durante el proceso, pueden realizarse diligencias y solicitudes de documentos e información a instituciones financieras y entidades públicas.

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