Más de 80 manifestantes han sido detenidos en medio del paro nacional indefinido, que cumple su cuarto día consecutivo en rechazo al ajuste del Gobierno de Daniel Noboa.

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Medios locales informan que el número de detenidos asciende a 85, entre ellos 10 menores de edad. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los «cabecillas» de las manifestaciones serán juzgados en breve, adjudicándole a 13 de los arrestados cargos por terrorismo.

La víspera, el presidente Daniel Noboa criminalizó las movilizaciones calificándolas como «actos terroristas disfrazados de protestas».

Las organizaciones indígenas y sociales rechazan la eliminación del subsidio al diésel por decisión del Gobierno e insisten en el cese del modelo extractivista. En este último aspecto, exigen respeto a la consulta previa para proyectos mineros y de explotación de recursos naturales.

Asimismo, los manifestantes piden la revocatoria de concesiones mineras en áreas como Quimsacocha, Las Naves y Palo Quemado, así como el cumplimiento de las sentencias que ordenan poner fin a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Continúan exigiendo el cese del modelo extractivista y el respeto a la consulta previa para la adjudicación de proyectos destinados a la explotación de recursos naturales, entre ellos la minería.

Las organizaciones sociales han realizado cortes de calles en Cotopaxi, Imbabura, Pichincha (en el norte) y Zamora Chinchipe (en el sur), exigiendo al Gobierno mejorar la calidad de vida en un contexto donde los servicios de salud no funcionan, la educación es precaria y prevalecen la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, la situación sanitaria y el desempleo.

Esta jornada se anunciaron nuevas adhesiones a la movilización en provincias de la Amazonía.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal impulsora del paro, calificó las medidas de contención ordenadas por el Ejecutivo como «autoritarismo y concentración de poder de Noboa». La Conaie instó a un «alto a la represión y persecución contra luchadores sociales y pueblos».

De igual manera, la organización indígena denunció que tanquetas militares ingresaron a la comunidad de Peguche, en Imbabura, y se mantienen camufladas en terrenos baldíos.

“Denunciamos los abusos de la fuerza pública en Saquisilí, Cotopaxi. Policías y militares irrumpen con violencia en territorios y hogares, rompen vidrios, intimidan sin respetar la presencia de mujeres, niños y ancianos, atacando a familias que se mantienen en resistencia”, publicó la Conaie

De igual manera, la Alianza de Organizaciones por los derechos Humanos (DD.HH.) ha documentado 52 vulneraciones de derechos humanos desde el inicio del paro nacional.

El mensaje transmitido por el integrante del Consejo de gobierno de la Conaie, Nemo Guiquita, remarcó que «quienes protestamos no somos delincuentes ni enemigos del Ecuador. Somos campesinos, madres, padres e hijos que sostenemos este país. Estamos en las calles porque no hay medicinas, ni trabajo, ni seguridad. La resistencia es por la vida, la dignidad y los derechos de todos”.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Conaie, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Recientemente, se confirmó la adhesión de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN) y de comunidades de la provincia de Pastaza.

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