La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes en segunda discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un instrumento orientado a modernizar la infraestructura, optimizar la prestación de energía en el territorio nacional y permitir la incorporación del sector privado.

Durante la sesión ordinaria, el Parlamento dio el visto bueno definitivo al texto tras evaluar las modificaciones de la comisión competente. El instrumento busca actualizar los mecanismos de fiscalización y control, promover el uso eficiente de la energía y fortalecer las redes de distribución y generación eléctrica.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aclaró que la normativa «no promueve en modo alguno la privatización» del sector, sino una «apertura» para que los particulares se sumen a la generación y autogeneración de electricidad. Explicó que el objetivo principal es incrementar la oferta de energía destinada a grandes consumidores, industrias y centros comerciales a cambio de una tarifa establecida.

Las concesiones para esta actividad serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica cuando la generación supere los 50 megavatios (MW) o cuando involucre bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional. Finalizada la habilitación, la empresa operadora deberá transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o a quien se designe todos los bienes incorporados libres de gravámenes.

La ley también contempla la creación de una Superintendencia especial encargada de supervisar la prestación del servicio, las tarifas, los procesos de autogeneración y la prevención de daños a la red de distribución. Establece un régimen sancionatorio y define las garantías para los actores privados.

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En el caso de las empresas petroleras, la legislación exige garantizar el suministro continuo, regular, confiable y estable de energía para sus actividades primarias mediante esquemas de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros. Estas compañías y los generadores independientes no requerirán autorización estatal para la energía destinada a redes internas, salvo cuando se interconecten a la red nacional.

El texto prevé multas de hasta el 2% de los ingresos brutos del año anterior para aquellas empresas que incumplan las normativas de instalaciones, desatiendan instrucciones o nieguen el acceso a inspecciones. Además, fija penas de dos a cinco años de prisión por hurto de equipos, y de dos a seis años por el robo de energía eléctrica con fines de lucro mediante conexiones no autorizadas superiores a los 5.000 kilovatios hora al mes.

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Estipula que las dudas y controversias que no logren solucionarse de forma amigable podrán dirimirse ante los tribunales venezolanos o mediante vías alternativas como la mediación y el arbitraje.

La aprobación de este marco legal se produce en un escenario donde el país afronta dificultades en el servicio eléctrico desde hace más de una década, marcadas por el impacto de las sanciones internacionales, los eventos climáticos y las acciones de sabotaje contra la infraestructura nacional que han afectado la operatividad del sistema.

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En medio de este panorama, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió recientemente que pronto llegará el alivio a la crisis. Semanas atrás, autoridades anunciaron la puesta en marcha de una estrategia para incorporar mayor capacidad de generación antes de finales del 2026.

Tras su sanción formal, la Secretaría del Parlamento remitirá el texto definitivo al Ejecutivo Nacional para su promulgación en la Gaceta Oficial, momento en el cual la ley entrará plenamente en vigencia.

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