El 88,17 % de los reclusos de Paraguay vive en cárceles con sobrepoblación crítica, con niveles de hacinamiento que superan el 1.000% en varios centros del país, según alertó este lunes el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que cuestionó además que más del 60 por ciento de los reclusos no tienen sentencia condenatoria firme y una cifra superior al 14 por ciento de la población carcelaria se halle en situación de vulnerabilidad por padecer diversas patologías.

El informe anual del organismo, elaborado con datos del Ministerio de Justicia con corte al 30 de mayo, revela que 18.064 personas de un total de 20.488 internos se encuentran recluidas en penitenciarías con condiciones extremas. El 44,8% de la población carcelaria se concentra en apenas cinco de las 19 prisiones del país.

La penitenciaría regional de Villarrica (sur) registró en mayo el mayor índice de hacinamiento del país, con un 1.294,3%, al albergar a 686 reos en un espacio diseñado para 53 personas, según los estándares internacionales de derechos humanos.

A esta le sigue la penitenciaría de San Pedro (norte), con una sobrepoblación del 1.068,9%, donde 1.582 internos ocupan un recinto con capacidad para 148 personas. El informe señala que otros establecimientos alcanzan hasta un 1.228% de ocupación.

El reporte destaca que la penitenciaría regional de Coronel Oviedo (centro) es la más poblada del sistema, con 2.114 internos que representan el 10,3% del total, a la que le sigue la penitenciaría Padre Juan A. de la Vega, en la ciudad de Emboscada (centro), que concentra el 9,2% de la población carcelaria, con 1.875 personas.

El MNP advierte que el 62,5 % de los reclusos (12.796 personas) se encuentra en proceso judicial sin una condena en firme, mientras que solo el 37,5 % (7.692 personas) ha recibido sentencia.

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En su informe anual de gestión 2025, el mecanismo precisó que el 52 % de la población carcelaria está en prisión preventiva, lo que evidencia según el organismo «un uso extendido de esta medida, pese a los compromisos de reducción».

El documento agrega que el 60,2 % de las personas privadas de libertad no cuenta con condena, lo que refleja un patrón estructural de vulneración de derechos.

Otro dato relevante indica que el 14,1 % de la población carcelaria se encuentra en «riesgo de vulnerabilidad». En concreto, 2.889 internos padecen enfermedades transmisibles o contagiosas, 775 reos tienen al menos una discapacidad, 592 son adultos mayores de 60 años o más y 329 pertenecen a pueblos indígenas.

Del total de la población penitenciaria, 19.320 son hombres y 1.168 mujeres.

Patrones estructurales de vulnerabilidad

El informe alerta sobre «patrones estructurales de vulnerabilidad» y destaca que «adolescentes y mujeres presentan condiciones particulares de exclusión, vinculadas a pobreza, consumo problemático de sustancias y trayectorias marcadas por violencia».

Durante 2025, el MNP realizó 151 visitas de monitoreo y emitió 101 informes, lo que —según el organismo— consolida su presencia en distintos ámbitos de encierro y amplía su intervención hacia espacios no tradicionales como casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, hogares de adultos mayores y dispositivos de salud mental.

El informe también expresa preocupación por «la prolongada permanencia de niños, niñas y adolescentes en sistemas de cuidado alternativo, el crecimiento de la institucionalización de personas adultas mayores en contextos con débil regulación, y la persistencia de modelos asilares en salud mental, con limitaciones para avanzar hacia enfoques comunitarios».

El MNP reafirma que «la prevención de la tortura requiere una acción estatal integral, sostenida y basada en evidencia, así como una transformación de prácticas estructurales que reproducen lógicas de exclusión, castigo y vulneración de derechos».

En ese sentido, el informe se presenta no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino como «una herramienta de incidencia para promover políticas públicas que garanticen la dignidad humana en todos los contextos de encierro».

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