En Argentina, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) informó este lunes que a fines de 2025 se registraron 2.339 personas detenidas en comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

«En el último año observamos que se estabilizó una situación gravísima, porque hay 2.339 personas presas en comisarías con graves afectaciones humanitarias, ya que no tienen el mínimo espacio vital para estar encerradas», puntualizó la directora del Observatorio de Cárceles Federales de la PPN, Marta Monclus.

Aunque la referente acotó que el Gobierno de Javier Milei y el de la ciudad de Buenos Aires suscribieron a finales de 2025 un acta de entendimiento que prevé acciones concretas para abordar esta situación, dijo que “no está claro cuándo va a suceder».

El organismo público autónomo bajo la órbita del Poder Legislativo que acaba de publicar su informe anual de 2025, señaló que existe una reconfiguración del Servicio Penitenciario Federal (SPF), iniciada en 2024 tras su transferencia desde la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.

“Ahí se le dio una impronta de control, más rígida, y me parece que ha continuado por esa senda, con los problemas que eso implica, porque no se piensa en la reinserción social”, argumentó Monclus.

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El Gobierno de Javier Milei aprobó en julio de 2025, mediante decreto, un nuevo estatuto para el SPF que, según el informe de la PPN, “mantiene la estructura militarizada y corporativa, sin introducir cambios significativos que permitan su transformación en un servicio penitenciario de gestión civil que privilegie la profesionalización de la carrera penitenciaria por sobre la obediencia jerárquica propia de una estructura militarizada”.

Sobre condiciones que limitan derechos de las personas privadas de su libertad, la entidad aclaró que disminuyó la cantidad de internos que trabajan y cobran un sueldo en el SPF. Este indicador atenta contra su reinserción social, de acuerdo a las declaraciones del ente.

“La mayoría de las personas que están presas y cobran un sueldo reservan una parte para ayudar a la familia afuera, o para no requerir que la familia los sostengan, ya que tienen muchas carencias, necesitan complementar alimentación y otros bienes de primera necesidad, como la higiene, y que esto se reduzca supone un peso para las familias», acotó Monclus.

Una resolución del Ministerio de Seguridad de diciembre de 2024 estableció que las personas privadas de libertad debían realizar cinco horas diarias de tareas no remuneradas de limpieza y mantenimiento en las cárceles.

A esto se le agrega que una disposición de abril de 2025 redujo al cinco por ciento el número de internos que pueden percibir un ingreso por esas tareas en cada establecimiento penitenciario.

Otra resolución con fecha de marzo de 2025, prohibió el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del SPF y dispuso que los internos no puedan permanecer en espacios educativos fuera del horario de clases.

A través de estas medidas, «hicieron desaparecer el trabajo no formativo, en vez de reconvertir esos cupos laborales en trabajo formativo», cuestionó la directora del observatorio.

La PPN presentó entonces un hábeas corpus y obtuvo una medida cautelar que amplía las posibilidades de que los internos que cursan estudios universitarios puedan continuar y avanzar en su formación académica.

«Hay mucho consenso en que el acceso a la educación es un herramienta para la reinserción social, así que una política que restrinja eso no es muy comprensible», evaluó la especialista.

Datos que alertan

La PPN relevó 332 casos de tortura o malos tratos en cárceles federales y en otros lugares de detención, mientras que las Fuerzas de Seguridad del SPF fueron las más denunciadas (con 261 casos, el 77 por ciento del total), seguido de la Policía de la Ciudad (42 casos, el 13 por ciento).

La PPN interviene como querellante en 35 causas penales, con 276 agentes del SPF que fueron imputados de manera formal, de los cuales 192 fueron procesados y 34 condenados.

Se registraron 48 muertes en cárceles federales, de las que 14 fueron violentas, y otras 34 se registraron como no violentas. Entre estas últimas se reportan 33 casos de enfermedad.

«Esto tiene que ver con problemas de acceso a la salud: hay una deuda pendiente, y sobre eso no hubo cambios muy significativos en el último tiempo», manifestó la directora del observatorio.

La PPN propone que los ministerios de Salud asuman la responsabilidad de la atención sanitaria en contextos de encierro, «para que haya un criterio más sanitarista y no esté mediado tema de seguridad, pero en eso no hubo avances este año», manifestó Monclus.

Por otra parte, a finales de 2025, 12.152 personas se encontraban detenidas en cárceles federales en Argentina, de las cuales el 63 por ciento estaba condenada y el 37 por ciento en prisión preventiva.

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