La fiscalía del Paraguay allanó este lunes 8 de noviembre la casa del expresidente Santiago Peña y halló una bóveda secreta de tecnología israelí. Las autoridades de dicho país buscan alternativas para abrir la compuerta del compartimento.

El operativo se llevó a cabo en la lujosa residencia de verano del exmandatario, situada en la ciudad de San Bernardino, como parte de las investigaciones derivadas del escándalo financiero vinculado al caso Ueno Bank que precipitó su destitución.

Durante el allanamiento, los fiscales intervinientes lograron superar la primera barrera de seguridad de la estructura, pero se encontraron con una segunda puerta blindada dotada de un sofisticado sistema tecnológico de origen israelí que incluiría reconocimiento de iris.

Ante la imposibilidad de acceder al interior, el agente fiscal Christian Benítez anunció que el Ministerio Público analiza diversas alternativas técnicas para abrir el compartimento, el cual se presume que podría funcionar como una habitación de pánico.

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Entre las opciones evaluadas se contempla la posibilidad de realizar una detonación controlada, aunque esta drástica medida todavía se encuentra sujeta a la rigurosa evaluación y aprobación de especialistas en seguridad y explosivos.

Asimismo, los investigadores estudian la viabilidad de trasladar a la exprimera dama, Leticia Ocampos, o consultar a otros familiares directos para determinar si cuentan con la autorización de acceso biométrico registrada en el sistema de seguridad.

Sin embargo, el fiscal Benítez descartó por el momento la opción de trasladar al expresidente Peña, quien se encuentra recluido bajo prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, al lugar para que active los mecanismos de apertura.

El caso ha generado una enorme conmoción social y política en el país, agravada por el congelamiento de aproximadamente 834 millones de dólares en fondos públicos y previsionales depositados en la entidad bancaria intervenida.

La situación ha provocado la enérgica reacción de la Iglesia católica y movilizaciones masivas de gremios docentes y trabajadores públicos en el centro de Asunción, quienes exigen la devolución inmediata de los recursos afectados.

El escándalo financiero en torno a Ueno Bank representa una de las crisis institucionales, económicas y políticas más graves del país. La intervención y posterior disolución de la entidad por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) dejó repentinamente congelados los fondos de aproximadamente 2.9 millones de clientes, cifra que abarca a cerca del 60% de la población adulta del país, provocando una masiva paralización de operaciones comerciales y una profunda incertidumbre social.

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La magnitud del colapso financiero, estimado en más de 800 millones de dólares en fondos públicos y previsionales afectados (incluyendo recursos clave del Instituto de Previsión Social y de cajas jubilatorias del sector educativo), desató una ola de indignación popular y protestas callejeras.

Gremios de trabajadores, jubilados y la propia Iglesia católica exigieron respuestas inmediatas y la devolución de los recursos confiscados, mientras sectores de la educación pública salieron masivamente a las calles para denunciar el grave perjuicio contra sus aportes jubilatorios.

En el plano político, el terremoto financiero golpeó de lleno a la cúpula del poder y precipitó la caída del entonces presidente Santiago Peña. Antes de ser imputado por el Ministerio Público debido a sus presuntos vínculos previos con el grupo económico y los créditos otorgados por la entidad, Peña fue destituido por el Congreso vía juicio político y puesto bajo prisión preventiva.

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