Organizaciones sindicales del sector educativo de Paraguay iniciaron este lunes 9 de noviembre una huelga nacional y marchas multitudinarias en Asunción y diversas cabeceras departamentales tras la quiebra de Ueno Bank (entidad bancaria y financiera digital). La medida de fuerza es impulsada por la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Educadores del Paraguay y la Organización de Trabajadores de la Educación, entre otros gremios representativos del sector.

La principal preocupación de los manifestantes radica en el riesgo inminente de quiebre de la caja fiscal administrada por el Ministerio de Economía. De acuerdo con las denuncias gremiales, la entidad gubernamental transfirió más de 2,5 billones de guaraníes y alrededor de 60 millones de dólares de los fondos previsionales docentes hacia la entidad financiera privada.

La descapitalización de la institución previsional estatal coloca en situación de extrema vulnerabilidad la cobertura de más de 43.000 educadores jubilados en todo el territorio nacional. Además, la parálisis de las actividades escolares coincide con el impacto directo de la crisis bancaria, la cual provocó la suspensión del programa de alimentación escolar denominado Hambre Cero.

Durante las jornadas de protesta en la Plaza de las Armas, el dirigente sindical Jorge Sebastián Arévalos en entrevista para la multiplataforma teleSUR, expresó el malestar del sector ante la incertidumbre sobre las prestaciones de fin de año. El vocero exigió la recuperación total de los recursos de la caja fiscal para garantizar que los trabajadores retirados continúen percibiendo sus haberes y el décimo tercer sueldo.

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Por su parte, la docente Basilia Rivas cuestionó los argumentos previos del Poder Ejecutivo sobre un supuesto déficit de las cuentas públicas antes de revelarse la fuga de capitales. En ese mismo sentido, la docente Marlene Ramírez denunció que el desfalco compromete a toda la ciudadanía al señalar que el dinero robado pertenecía al patrimonio público de los paraguayos.

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El desfalco previsional salpicó al Instituto de Previsión Social, entidad que mantiene cerca de 350 millones de dólares comprometidos dentro de la misma firma bancaria intervenida. La crisis provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, quien era accionista del banco, así como el arresto de altos directivos de la firma.

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica, Gabriel Espínola, señaló que la búsqueda de mayores tasas de interés vulneró los ahorros estatales. El dirigente criticó que el Ministerio de Economía depositara los recursos en Ueno Bank bajo esa premisa comercial y demandó que la Procuraduría confisque los bienes de los implicados.

Espínola remarcó la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad financiera para sostener la continuidad de los pagos de forma acelerada. Asimismo, el representante exigió desvincular formalmente a 900 docentes que cuentan con resolución de retiro pero no han accedido al cobro de sus haberes por los retrasos institucionales.

En medio de las acciones de calle, una comitiva de dirigentes gremiales agendó una reunión decisiva con el mandatario Pedro Alliana. La representación docente presentará un proyecto de ley especial diseñado para garantizar por vía legislativa la devolución de los depósitos despojados a la caja previsional.

Las exigencias sindicales contemplan también asegurar rubros estatales para la gratuidad de la enseñanza, la educación inclusiva y los programas destinados a comunidades indígenas en el Presupuesto 2027. Las organizaciones sociales advirtieron que mantendrán la presión en las calles hasta asegurar la intangibilidad de los fondos de jubilación y reabrir los comedores escolares.

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