El Gobierno de Panamá avanza en la ruta para concretar un proceso constituyente originario que permita redactar una nueva Constitución Política, con el objetivo de refundar las bases del Estado de Derecho, garantizar contrapesos institucionales e incrementar la participación ciudadana. 

La propuesta busca reemplazar de forma integral la Carta Magna vigente en lugar de aplicar reformas parciales.

​De acuerdo con el abogado, docente y constitucionalista Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), la iniciativa persigue dotar al país de un proyecto de Estado construido directamente con el aporte de la sociedad civil. 

En entrevista con el diario La Estrella de Panamá, Bernal comparó la meta actual con la gesta constituyente de 1945, que dio origen a la Constitución de 1946, posteriormente derogada tras el golpe de Estado de 1968, para revertir lo que calificó como un «autoritarismo constitucional» derivado del marco jurídico actual.

​Cronograma y conformación de la Asamblea Constituyente

​El plan de trabajo institucional contempla que, tras culminar una fase inicial de alfabetización constitucional en todo el territorio nacional, se definan los requisitos para la postulación de los candidatos a la Asamblea Constituyente. 

Los integrantes serán elegidos mediante voto popular y desempeñarán sus funciones de manera independiente a los intereses partidistas.

​La estructura propuesta para la Asamblea Constituyente estará integrada por 55 miembros, distribuidos en 20 representantes a nivel nacional y 35 a nivel provincial, esquema diseñado para asegurar un equilibrio territorial en los debates. 

Según el calendario preliminar en mayo – junio de 2027 es el período de sesiones de la Asamblea Constituyente para debatir y redactar el nuevo texto constitucional a partir de las propuestas ciudadanas.

Mientras que el segundo semestre de 2027 – 2028, será la fase de divulgación y discusión pública a nivel nacional, con una duración de entre seis y nueve meses, y la consulta ciudadana para la aprobación o rechazo del proyecto redactado.

Para enero de 2029, se prevé la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política de la República de Panamá.

​Reformas estructurales y contrapesos democráticos

​Bernal enfatizó que la transformación constitucional responde a una profunda crisis institucional y social cuyos problemas estructurales no pueden resolverse bajo la normativa vigente. 

Durante las primeras fases de consulta con la ciudadanía, la Sepresac ha recopilado propuestas orientadas a reestructurar el sistema político y judicial del país.

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​Entre los ejes principales destacan la implementación de la segunda vuelta electoral, el establecimiento de mecanismos eficaces para la revocatoria de mandato, la creación de un Tribunal Constitucional independiente, y la modificación de los esquemas de elección de diputados y magistrados de la Corte Suprema. 

Asimismo, las propuestas priorizan el fortalecimiento del mérito en la función pública, la protección de la dignidad humana, y la preservación irrestricta de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares fundamentales del proceso.

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