El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la implementación de un sistema de bloqueo del espacio aéreo alrededor de los centros penitenciarios del país, con el objetivo de evitar que organizaciones criminales utilicen drones para transportar armas y sustancias ilícitas a los reclusos.

El mandatario panameño informó este jueves que la medida fue puesta a prueba la semana pasada en las instalaciones carcelarias del país. «Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones», declaró Mulino a periodistas en la provincia de Bocas del Toro (oeste).

La medida busca impedir que desde áreas cercanas a los penales se utilicen aeronaves no tripuladas para transportar o arrojar droga y armas a los internos. El sistema penitenciario panameño enfrenta una crisis tras la fuga de casi 200 presos de la prisión La Joyita, ubicada en los alrededores de Ciudad de Panamá, el pasado 1 de enero. La mayoría de los evadidos ya fueron recapturados.

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Mulino señaló que el bloqueo del espacio aéreo responde a una preocupación creciente por la inseguridad en el país, situación que saltó al primer plano tras la fuga masiva y el asesinato de una niña de 10 años el 17 de junio en la capital, en un ataque de sicarios contra su padrastro.

El Presidente admitió que el sistema carcelario «colapsó» y denunció corrupción institucional. «No solo por organización sino por corrupción. Toda esa droga y armas que entran en las cárceles pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodio o policía nacional, que permite que eso entre», reiteró Mulino durante su encuentro con la prensa.

Plan para cárcel de máxima seguridad

Tras la evasión de La Joyita, el Gobierno de Panamá anunció la semana pasada, en su informe anual de gestión, que edificará una penitenciaría de máxima seguridad para aislar a los jefes de las pandillas. La propuesta parece emular el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los pilares de su guerra contra las pandillas que ha dejado unas 92.000 personas presas desde 2022. La cruzada es criticada por numerosas violaciones de DD.HH. y el encierro de miles de individuos a quienes no se ha probado vínculos con las maras.

Varios países de Latinoamérica aplican medidas neoliberales y no atienden las causas estructurales de la violencia, pero intentan replicar el «modelo salvadoreño» ante el avance del crimen organizado. Panamá se sumaría a esta tendencia si emprende la construcción del nuevo penal.

La fuga en enero de casi 200 presos en La Joyita ha sido el motor principal de las medidas anunciadas por la administración de Mulino, quien busca prevenir ataques con drones y evitar el ingreso de sustancias ilícitas a los centros de reclusión. El plan piloto de la iniciativa fue puesto en marcha la semana pasada, en medio de una creciente preocupación por el auge de la violencia y su impacto social.

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